Marco Tulio Padilla, director de Registro del IP, aseguró a EL HERALDO que saben de la ola de estafas y la corrupción que se ha desatado por el cambio de placas vehiculares y que ya tienen un plan para desmontar estas estructuras.
La tarea no es fácil, pues él mismo ha sufrido consecuencias al querer poner orden en la institución, al grado que frente a su casa lo han amenazado colocándole una pistola en la sien.
Aquí las declaraciones que brindó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO:
¿Qué trabajo están haciendo para evitar la corrupción en la entrega de placas?
Nosotros comenzamos a entregar la nueva placa a partir del 15 de octubre del año pasado y hemos venido anunciando que solamente están obligados a sacar la nueva placa los vehículos que circulan con permiso provisional, pero de una manera u otra estamos teniendo una altísima incidencia de personas que tienen placa y que llegan a reclamar su nueva placa.
¿Esto ha provocado un nudo de tramitadores?
Nosotros estamos trabajando para adquirir nuevo equipo, capacitar y contratar nuevo personal y por otro lado identificar esas actividades que están fuera de la ley. De hecho se lo puedo decir con toda seguridad, que están reclamando placas en grandes cantidades, incluso utilizando mi nombre para eso.
¿Y qué ha hecho?
Ya tenemos identificados cuáles son los mecanismos que están utilizando y estamos esperando utilizar las vías y canales correspondientes para que el Ministerio Público (MP) proceda contra estas personas, puesto que están participando en una actividad que no está regulada por la ley, porque la gente debería ir a reclamar su placa sin pagar nada, ni tramitador.
Allí no hay control, hasta el RTN le saca el tramitador a la persona.
Correcto, hay una serie de elementos que se han venido manejando porque el sistema que seguimos manejando es el que tenía la DEI (Dirección Ejecutiva de Ingresos), solo que ahora lo estamos manejando en una versión un poquito más avanzada. Pero el desarrollo de un sistema de registro de la propiedad es extremadamente caro y no estamos en condiciones en este momento de hacer frente a una inversión de esa naturaleza.
¿Han logrado identificar a empleados del IP en colusión con los tramitadores?
Sí.
¿Y qué tipo de sanciones les han aplicado?
Estamos en el proceso de determinarlo, obviamente eso implica la participación de diferentes entidades en el camino, yo no le puedo dar detalles en este momento porque vulneraría el trabajo que se está haciendo.
Sin embargo, le puedo decir que efectivamente ya se están accionando los mecanismos correspondientes para que desde el punto de vista laboral se proceda y también desde el punto de vista civil, penal y administrativo se pueda deducir las responsabilidades que corresponden.
Han hecho un negocio rentable porque en un solo lado hay 10 o 15 tramitadores.
Sí, y usted solo me está hablando de Tegucigalpa, pero estamos entregando en nueve oficinas y eso implica unidades de organización bastante fuerte, hay mucho dinero de por medio y hay que tomar las medidas en función de eso, para tratar de controlar y mitigar ese flagelo.
¿La deficiencia es adentro, por el servicio lento del IP?
El problema es el equipo, porque nosotros hicimos una proyección de flujos por oficinas. Se adquirieron los equipos de acuerdo al calendario que se hizo de las personas que iban a estar reclamando placas, sin embargo, la cantidad de gente que ha llegado ha sido superior.
¿No es falta de autoridad de ustedes al no hacer respetar un calendario y generar caos?
No es ninguna falta de autoridad, de ninguna manera, es el enfoque de servicio que deberíamos tener, pero la demanda rebasó la expectativa en todo sentido y esto ha tenido las implicaciones que ustedes están planteando.
¿Cómo piensa combatir a estas estructuras?
Estamos aprobando talonarios electrónicos, es decir que el notario va poder acceder a la página del IP para bajar un formulario de traspaso, cambio de motor o color y todos los trámites que ya realizamos y nadie podrá tener acceso a estos de forma irresponsable, todo será de forma electrónica.
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