TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque la peor de las falencias del sistema de justicia es la tardanza en la emisión de sus resoluciones, la construcción de 27 nuevos edificios judiciales entre 2017 y 2022, a un costo de 316,930,503 lempiras, le da un aire de modernismo al Poder Judicial.
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Para el abogado Oliver Erazo, estas edificaciones son parte de la modernización del Poder Judicial y más bien la administración saliente se quedó corta en esa labor.
Estos espacios son importantes porque generan la posibilidad de mejorar la atención a la población y al gremio de abogados, el mayor usuario del sistema, agregó.
De acuerdo con Erazo, el acceso a la justicia no solo depende de jueces imparciales, competentes e independientes, sino también de las instalaciones donde se imparte la justicia.
“Usted no pude estar administrando justicia y manejando expedientes delicados a la intemperie o en instalaciones donde se filtra el agua, donde se pudren los documentos”, añadió el profesional del derecho.
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Inversión
El Poder Judicial, luego de una solicitud de información pública registrada bajo el código SOL-PJ-2177-2023, detalló que entre 2017 y 2022 se habían invertido 180,288,497 lempiras en la construcción de 26 edificios judiciales, pero extrañamente en la información enviada no registró la construcción del edificio judicial levantado en Santa Rosa de Copán, el cual tuvo un costo de 136,642,006 lempiras.
Este es uno de los edificios más modernos que se ha construido en el sistema de justicia en los últimos años y alberga a todos los juzgados del municipio, así como las cortes de apelaciones, la defensa pública, archivos y área de atención al público. Con este son 27 nuevos edificios.
Según el listado enviado por el Poder Judicial, en Corquín, Copán, se construyó otro edificio judicial por un monto de 5,052,961 lempiras.
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En el departamento de Lempira también se realizó una considerable inversión en materia de construcciones al levantarse en los municipios de La Unión, Las Flores y Lepaera edificios judiciales por un monto de 65,944,985 lempiras.
Igualmente, en cinco construcciones ejecutadas en Francisco Morazán -cuatro en Tegucigalpa y una en Lepaterique- se ejecutó un gasto de 31,029,467 lempiras.
El predio donde se construyeron las instalaciones de los juzgados en Lepaterique fue donado y el edificio “es totalmente nuevo, bien acondicionado, con todo lo que necesita un juzgado de letras”, sostuvo Henry Mejía, alcalde de este municipio.
Asimismo, en La Paz se construyeron los edificios judiciales de Cane, Santa Ana y San Pedro de Tutule por un costo de 11,150,728 de lempiras.
En Intibucá, por un valor de 13,209,359 lempiras se construyeron los edificios judiciales de Camasca, San Juan y Yamaranguila. En Santa Bárbara se edificaron los juzgados de Quimistán y San Nicolás por un valor de 18,560,504 lempiras.
De la misma manera, el Poder Judicial construyó, a un precio de 7,190,644 lempiras, los juzgados de Humuya y Taulabé. En cuanto a los edificios de Guata y Salamá, en Olancho, se gastaron 6,577,980 lempiras.
En San Marcos de Colón, Choluteca, se levantó un nuevo edificio judicial por un valor de 4,222,823 lempiras; en la rehabilitación del edificio judicial de San Pedro Sula, Cortés, se gastaron 9,698,388 lempiras.
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En la construcción del edificio donde funcionan los juzgados en Oropolí, El Paraíso, invirtieron 3,347,036 lempiras y la construcción de los juzgados de Caridad, Valle se realizó a un precio de 2,823,525 lempiras.
Según el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) saliente, Rolando Argueta, queda presupuestado la construcción de 20 edificios más, la que su sucesor debe continuar.
Gran parte de esta inversión en mejoramiento de la infraestructura judicial se realizó con fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, de la cual, entre 2013 y 2022 el Poder Judicial recibió al menos 638 millones de lempiras.
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Usuarios
Para el abogado Gustavo Adolfo Sánchez, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no va a ser juzgado por sus construcciones; si bien es cierto ayudan, no son fundamentales.
“Lo fundamental es el impartimiento de justicia, que haga como corresponde, en el tiempo debido, porque una justicia tardía no es justicia”, reflexionó. Para él, dentro del sistema judicial hay cosas primordiales como el debido proceso y además hay una impunidad absoluta donde el Ministerio Público es el gran ausente.
Por su parte, el abogado Juan Cerritos consideró que el fin primordial de un Poder Judicial sería el mejoramiento en la impartición de la justicia, pero como usuario del sistema no puede desconocer que tener instalaciones adecuadas permite laborar en condiciones físicas adecuadas e higiénicas.
“No solo el quehacer en cuanto a impartición de justicia debería importarnos, como usuarios del sistema también nos importan las condiciones físicas mediante las cuales accedemos a la justicia. Lamentablemente era un tema olvidado. Es complicado llegar a juzgados donde no existen ni las mínimas condiciones para realizar una audiencia y esto sin tomar en cuenta cómo los empleados trabajan en esos lugares”, cuestionó.
No se puede desconocer que las instalaciones físicas de un juzgado o de una corte son parte importante del sistema y más cuando algunos tribunales manejan transitoriamente algunas evidencias y deben estar en lugares seguros, concluyó Cerritos.
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