TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una fuerte confusión ha generado la autorización de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) para que las empresas, mediante acuerdo con los trabajadores, tomen estos días de emergencia por el Covid-19 como parte de las vacaciones y adelanto de feriados.
Las autoridades de la STSS informaron que es una decisión en el marco del decreto PCM-021-200, mediante el que se declaró emergencia sanitaria en el país, y con el objetivo de garantizar los empleos y la sostenibilidad de las empresas. Para que se aplique esta medida deben firmarse convenios escritos entre empresa y trabajadores y remitirlos a la STSS.
Sin embargo, el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, explicó que esa medida “la debe determinar el Congreso Nacional, no el Poder Ejecutivo”. Explicó que si se aplica sin una reforma aprobada por el CN los trabajadores o sindicatos reclamarán de acuerdo con lo establecido en los contratos colectivos.
Detalló que el Cohep propuso que para que no se suspenda el pago de salarios por la suspensión del contrato individual de trabajo, todos aquellos trabajadores a quienes se les deben vacaciones se les tomen en este periodo, “pero eso es un arreglo interno de la empresa y el trabajador. No se puede imponer”, advirtió Urtecho.
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“Es violatorio completamente a la Constitución y al Código de Trabajo”, aseguró Héctor Escoto, miembro de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).
Escoto considera que la empresa privada debe hacer un esfuerzo por conservar los empleos y que el gobierno apruebe medidas de alivio.
Para Efraín Rodríguez, miembro de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH), la decisión del gobierno es apresurada y “abona a la incomodidad por falta de dinero y alimento del pueblo e incentiva a acciones que podrían complicar más la crisis”.
Buscar una salida
El comunicado emitido por la Secretaría de Trabajo no tiene fuerza legal, explica el gerente de asesoría legal del Cohep, Gustavo Solórzano, pero advierte que se debe buscar una salida porque muchas empresas no tienen recursos para pagar los salarios.
“La primera opción es el teletrabajo para todas aquellas empresas que pueden, pero las empresas que no lo pueden hacer se verán obligadas a la suspensión del contrato individual de trabajo (que se establece sin goce de sueldo)”, indica Solórzano.
Las opciones son que los empleadores negocien con los trabajadores o que el Congreso lo apruebe.
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