La derogación del decreto 89-212, contentivo de la Ley de Depuración Policial por parte de la Corte Suprema de Justicia, impidió que 230 policías que reprobaron las pruebas de confianza fueran separados de sus cargos, argumentó anoche el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla Reyes.
El funcionario dijo que se emitieron 79 acuerdos de cancelación, pero uno fue devuelto por la Comisión Técnica creada al respecto. Unas 150 resoluciones restantes fueron devueltas a su despacho diez días antes de que prescribiera el decreto 89-2012, pero no se recibió una propuesta de cancelación.
El ministro arguyó que de los 79 miembros de la Policía que fueron citados para notificarles su destitución solo se presentaron 38 y los 48 restantes no se notificaron por encontrarse con incapacidad médica.
Con estos argumentos, el ministro Bonilla pretendió desvanecer la responsabilidad en el fracaso de la depuración, atribuida a su persona por el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, que en su comparecencia ante el Congreso reveló que había enviado las 230 resoluciones vinculantes con la separación de este número de policías, de las cuales solo se ejecutaron siete.
Sobre la DIECP señaló que quienes hicieron las pruebas de confianza no las tramitaron correctamente porque las enviaron a la dirección de la Policía Nacional, de donde fueron filtradas a los medios de comunicación. Fue un mal procedimiento, tuvo que revertirse y debió seguir otra ruta, como corresponde, hasta la Secretaría de Estado y de aquí, a la Dirección de la Policía Nacional.
Agregó, que con apoyo de la Policía colombiana están fortaleciendo la inspectoría dentro de la Policía Nacional, como mecanismo de control interno de los oficiales y agentes.
Bonilla sostuvo que pese al obstáculo que refirió que en 2012 se cancelaron 659 miembros en estricta aplicación de la Ley Orgánica de la Policía; “esto quiere decir que hay control y seguimiento dentro de la Policía”.
¿Repunte de violencia por policías?
Justificó que la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 89-2012 o Ley de Depuración fue un mal mensaje y repercutió en el índice de la criminalidad, pues solo en diciembre, cuando se venía avanzando en la reducción de homicidios, estos se elevaron a 250 muertes más en relación a 2011.
“Ese fue un mal mensaje que se mandó, lo que ocasionó 250 homicidios más y eso deben llevar en su conciencia quienes decidieron derogar ese decreto”, aseveró Bonilla.
El secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, inició su comparecencia junto al director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, con hora y media de retraso, ya cuando la mayoría de diputados estaban cansados, muchos de ellos sin haber ingerido la cena, en el marco de la extensa jornada de rendición de cuentas del Congreso Nacional.
Bonilla Reyes y Bonilla Valladares arribaron al legislativo a eso de las 6:30 PM, pero tuvieron que esperar que finalizara la larga exposición del Fiscal del Estado, Luis Alberto Rubí, a eso de las 8: 20 de la noche.
Pruebas de confianza
Varios diputados al Congreso Nacional comenzaron a cuestionar el tema de las pruebas de confianza y, sobre todo, el hecho de que la DIECP privilegia la selección que hace director de la Policía Nacional al determinar qué miembros de la institución policial integren las listas de las pruebas.
Ante estos cuestionamientos Bonilla Valladares se vio obligado a anunciar en el hemiciclo que no tenía temor de someterse a las pruebas de confianza, y que independiente de los “protocolos especiales” estaba dispuesto someterse a dichos exámenes.
Cabe destacar que sobre esos “protocolos especiales” fue el titular de la DIECP, Eduardo Villanueva, quien dio a conocer sobre ese procedimiento, sin embargo, la ley no habla de algún proceso especial.
Colapso
El director de la Policía reconoció que la Policía de Investigación adscrita a la Secretaría de Seguridad ha colapsado, sin proponer una solución a este negro capítulo de la seguridad en Honduras.
Apenas indicó que hay planes para fortalecer a la Policía de Investigación, que solo cuenta con 1,500 elementos, de los cuales hay miembros prestados al Ministerio Público y otro tanto a la embajada americana.
