TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pugilato está subiendo de tono -y también de fuerza- entre la clase política hondureña y parece que el país está siendo empujado, de manera premeditada, a una crisis con propósitos que solo un círculo cerrado tiene la respuesta. O la llave del candado está perdida o unos cuantos la tienen lista para abrir la puerta y dar paso a los acuerdos.
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La manzana de la discordia sigue siendo el control de la Corte Suprema de Justicia. El botín es la mayoría de magistrados en el máximo tribunal de justicia. El número de oro es 7 magistrados.
Pero el pleito está anunciado y la guerra política ya empezó, el control de un partido y de otro por la CSJ apenas está recrudeciendo, solo que unos tienen planes y otros improvisan sus reglas.
El jefe de bancada del partido Libre, Rafael Sarmiento, ya lo deslizó la mañana de este viernes en el programa televisivo de debates Frente a Frente que si este viernes no se elige la nueva Corte Suprema de Justicia, un poder del Estado de Honduras, el Poder Judicial, se queda sin operar y funcionar, en otros palabras, deja entrever un rompimiento del orden constitucional.
Para este diputado, hoy viernes a la medianoche, se cumplen siete años de la actual Corte Suprema de Justicia, el periodo que marca la Constitución, por lo tanto, si no se elige, desaparece y eso implica que el Estado no tiene los tres poderes constituidos.
“Si no se elige la Corte entonces los actuales magistrados se quedan de hecho”, dice aunque a renglón seguro dice “Yo no he dicho que queda roto el orden constitucional”.
Claro que solo es la opinión del jefe de bancada de Libre, pero por tratarse de él, hay que tomárselo muy en serio, por lo que muchos se preguntan ¿Cuál es entonces la ruta que Libre se tiene trazado si para ellos no se elige una CSJ este viernes? ¿Que acciones tienen previsto? ¿Para dónde están llevando al país? ¿Se están dando las condiciones –de las que permanentemente ha hablado el coordinador de Libre- para avanzar en el proyecto de una asamblea nacional?
Y si así fuera, ¿Cuál es la actitud y el rol de la oposición? ¿Qué dice una expectante sociedad civil ante esta situación que podría venirse? ¿La comunidad internacional ha estado a la expectativa, o ha mandado mensajes a la clase política? ¿Se puede aprender de lo que está pasando en Nicaragua o en Perú? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el fondo de todo?
Para algunos solo se trata de sombrerazos del oficialismo para presionar a la oposición y obtener siete de magistrados. ¿Y por qué? Pues porque la misma Constitución tiene las salvaguardas para proteger la institucionalidad.
Así, citan el artículo constitucional 311 cuando en una de sus partes precisa que “en caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren tantas veces como sea necesario hasta lograr el voto favorable de las dos terceras partes...”. Así como se hizo hace siete años con la actual Corte Suprema.
Igual el artículo 314 constitucional indica que “el período de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de siete años a partir de la fecha en que presenten la promesa de ley, pudiendo ser electos...”
Y la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 80 taxativamente precisa que “Los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el período para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”.
Los números
Todo se circunscribe a la distribución de 15 magistrados entre partidos políticos que serán escogidos de una nómina de 45 candidatos presentados por la Junta Nominadora. Y es aquí cuando las ecuaciones tienen que agarrar forma.
Libre ha reclamado la mayoría de esos 15, pero tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal le han dicho que no, que debe haber una distribución de acuerdo a los representación en el Congreso Nacional.
Libre ha demandado 7 magistrados, 5 el PN y 3 el PL y que uno de los 3 del PL sea el abogado Milton Jiménez, quien si bien es liberal, ha sido una persona muy cercana al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Igual Libre ha demandado la presidencia de la CSJ, y para ello empujan a la abogada Rebeca Lizeth Raquel, muy cercana a la familia Zelaya.
El Partido Liberal ha sido muy claro y ha pedido una distribución de cinco magistrados para cada uno de los mayoritarios. Aunque esta semana bajaron a 4 y sumarle el de ellos a Libre, así sería: 6 Libre, 5 el PN y 4 el PL.
Por su parte el PN ha planteado: 6 Libre, 5 el PN, 3 el PL y 1 el PSH, una distribución entre las fuerzas políticas con mayor cantidad de votos.
El debate está abierto, las preguntas están hechas. Si las ecuaciones y las fórmulas están planteadas, ¿Qué pasa que no se ponen de acuerdo?
Las voces
Marlon Lara, una de las principales voces del PL, ha dicho que su institución política ha dado apertura para elegir una nueva CSJ y ha exigido que la dirigencia de Libre dé un paso para construir el diálogo y los acuerdos.
“Hay mucho temor de que si a Libre se le da el PoderJudiciall van a cometer los mismos abusos del Partido Nacional”, dice y sospecha que van a desarticular el sistema judicial para mantenerse en el poder.
Lara cree que Libre cambiará su agenda una vez que asuma el control del Poder Judicial y se atreve a decir que impondrán un nuevo modelo de gobierno con un sistema similar al de Venezuela y “eso no es lo que el pueblo hondureño desea”.
El Partido Nacional, en voz de su jefe de bancada, Tomás Zambrano, también ha dicho que si hay disposición de elegir una nueva CSJ se debe empezar el proceso aunque no sean electos los 15 sino que se puede iniciar con cinco magistrados.
Zambrano dice que el temor es que una vez Libre asuma el control se den pasos para una asamblea constituyente y llevar a un sistema como Venezuela, pero además, aprobar el matrimonio gay, el aborto y otras acciones que van en contra de las costumbres tradicioneses de Honduras.
Olban Valladares, un hondureño conocido por su seriedad y responsabilidad y quien formó parte de la Junta Nominadora, dice estar decepcionado de la clase política por la forma en que han llevado este proceso, al grado que no tengan claridad para elegir una nueva CSJ con hondureños probos.
Ha pedido tolerancia, diálogo y tomar en cuenta que los 128 diputados están llamados a construir una mejor Honduras, pero así las cosas parece que “estamos tocando fondo y no queremos entenderlo...”.
