TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un antejuicio en contra de la juez de letras de lo civil de Francisco Morazán, Irisabel Lucía Miranda Hernández, fue presentado anoche por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) por el delito de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la administración de justicia.
El caso está relacionado a una resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), celebrada el 7 de septiembre de 2009, entre la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en la cual se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares ($. 51,482,556.90), equivalente a más de mil millones de lempiras.
A dicha resolución la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le denegó su reconocimiento mediante una sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, considerando que era contraria al orden público y había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno.
Pese a ello, seis años después, en fecha 3 de diciembre de 2019, la jueza antejuiciada arbitrariamente reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional que derivó en el embargo de las cuentas del Estado de Honduras y que hasta ahora ha dejado un perjuicio de 381 millones de lempiras en concepto de pago de demanda.
Además, la funcionaria judicial, bajo el argumento que el Estado de Honduras había actuado de forma dolosa al pago de la deuda, lo condenó por un monto adicional de 42 millones de lempiras por concepto de costas procesales, ya cancelados a la fecha.
Cabe señalar que, el reconocimiento irregular que la juez Irisabel Lucía Miranda Hernández le dio a la referida resolución que se originó del arbitraje entre la empresa DRS Inc y el FHIS, es lo que ha dado lugar al recién embargo del que ha sido objeto el Estado de Honduras por parte de la empresa DRS Inc, esta vez, por un monto de 106 millones de dólares, equivalente a más de dos mil 600 millones de lempiras.
En ese contexto, la UFERCO pide a la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal en contra de la jueza señalada, a quien se le considera parte de un grupo de personas sujetos de investigación de distintas instituciones, entre ellas del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el FHIS y particulares.
