TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe en el que destaca que Honduras ha incumplido sus obligaciones para evitar casos de secuestro parental internacional.
El gobierno de la nación del norte señala que en Honduras, pese a los esfuerzos en conjunto, se ha evidenciado una reincidencia en el incumplimiento de la Convención de La Haya sobre Sustracción sobre de menores por parte de sus padres.
Señaló que las cuestiones sistémicas de la autoridad central hondureña, como la realización de una evaluación psicológica y estudios de hogar antes de presentar un caso a las autoridades de justicia, puede traducirse en retrasos en el procedimiento.
“En el 50 por ciento de los casos pendientes en 2023, la autoridad Central de Honduras no tomó todas las medidas apropiadas para facilitar la iniciación de procedimientos judiciales de manera oportuna, lo que resultó en retrasos”, indica el informe.
De igual forma, el documento menciona que las demoras han afectado de distintas maneras, como un caso presentado en el tribunal de apelaciones a la espera de ocho meses sin tener una fecha de audiencia programada.
En el informe también menciona a otros 15 países que no han cumplido con sus obligaciones en evitar el secuestro parental de menores. Estos países son: Argentina, Belice, Brasil, Bulgaria, Ecuador, Egipto, India, Jordania, Montenegro, Perú, Polonia, República de Corea, Rumanía, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos.
¿Qué es la sustracción parental?
Se entiende por sustracción parental internacional cuando uno de los padres retiene a su hijo (menor de 16 años) fuera de su país de residencia, violentando los derechos del otro padre.
También este tipo de secuestro aplica cuando uno de los padres se lleva al con el consentimiento del otro progenitor, pero el niño termina siendo retenido en el extranjero en violación de los derechos del otro padre con custodia.
En ese sentido, Estados Unidos insta a los países a adherirse al Convenio de La Haya sobre sustracción de menores para combatir estas retenciones ilegales cometidas por padres de familia, para así asegurar el retorno de los menores a su país de origen con la persona a la que se le concedió la custodia.
