TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mostrándose a favor de la sentencia al Estado de Honduras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y reiterando que su destitución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue ilegal, reaccionó la exmagistrada de la Sala Constitucional, Rosalinda Cruz.
Cruz consideró que pese a presentar un recurso de amparo y presentar la denuncia en tribunales de Honduras, ella junto a otros tres magistrados no fueron restituidos en el cargo, por lo que fue en ese momento que el Estado violentó sus garantías y derechos humanos, esto en base a la Constitución de la República y los tratados de la Convención Latinoamericana de Derechos Humanos.
Del mismo modo, criticó las formas de dicha remoción, pues aseguró que el Congreso Nacional no tiene las “competencias” para dicha determinación, por lo que la acción se vuelve contraria a la ley.
“Fue una destitución ilegal y arbitraria (de la Sala Constitucional) en vista de que el Congreso Nacional no tenía ninguna competencia para haberlo hecho, va en contra de la Constitución de la República fuimos destituidos y fueron nombrados cuatro en sustitución cuatro personas”, declaró Cruz en el foro Frente a Frente.
La profesional del derecho recordó que desde un día las condiciones fuera del Congreso Nacional eran amenazantes, pues el Hemiciclo estaba rodeado de elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y que comparó como un anuncio de “golpe de Estado”, y que finalmente como resultado el “zarpazo” a la Sala Constitucional de esa Corte.
“La destitución se produjo en condiciones irregulares y amenazantes, puesto que la noche el del 11 de diciembre el Congreso Nacional estaba rodeado de policías militares y con tanquetas de manera que eso fue ya una como un anuncio de un golpe de Estado que se produjo en la madrugada ya del 12 de diciembre de 2012”, agregó Cruz.
Además, destacó que no fueron notificados de las causas de las que estaban siendo destituidos y al no ser restituidos en sus cargos, violentaron sus garantías y derechos humanos, lo que fue considerado por la CIDH para que fallara a favor de los exmagistrados.
“Realmente vivimos nuestra destitución por la televisión, no se nos notificó las causas por las que nos estaba destituyendo y el recurso de amparo que presentamos ante la Corte Suprema de Justicia fue totalmente ineficaz, los tribunales de Honduras nos negaron el derecho a ser restituidos en el cargo”, criticó la exmagistrada.
Cruz dejó claro que la principal finalidad de la sentencia era “recuperar el honor” y no tanto la indemnización que se acuerde para los exmagistrados.
“Lo principal era recuperar realmente el honor que fue mancillado totalmente con esa destitución arbitraria y la parte más importante aparte de eso es sobre todo la modificación de la ley, la Corte Interamericana profundizó en el tema de las reformas que debe haber la ley de juicio político que tiene severas debilidades”, sentenció Cruz.
Estado de Honduras responsabilizado por destitución de exmagistrados
La madrugada del 12 de diciembre del 2012, el Congreso Nacional resolvió separar del cargo de magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras a Rosalinda Cruz, José Antonio Gutiérrez, Gustavo Bustillo y José Francisco Ruiz, un acto cuestionado en la gestión del ahora expresidente Juan Orlando Hernández. Mientras que la presidencia del país era ostentada entonces por Porfirio Lobo Sosa.
La jueza y presidenta de la Corte (Corte IDH) explicó las consecuencias que ahora las autoridades de turno debe cumplir por estos atropellos gestados hace más de una década por el gobierno de Partido Nacional.
De acuerdo a la resolución de la Corte, el Estado de Honduras incumplió “su deber de investigar las amenazas y hostigamientos que habrían sufrido las víctimas tras su destitución”.
También se incumplió con “adoptar medidas de protección a su favor y juzgar y sancionar a eventuales responsables de amenazas y hostigamiento”.
En consecuencia de lo anterior, se decidió por unanimidad de la Corte Interamericana responsabilizar al Estado por “la violación de las garantías judiciales, el principio a la legalidad, derechos políticos”, entre otros, en perjuicio de los magistrados destituidos.
También con cinco votos a favor y dos en contra, la Corte estableció que el Estado es responsable por la violencia del derecho al trabajo.
Por unanimidad también se condenó a Honduras por la violación de los derechos a la integridad personal y garantías judiciales.
