TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial informaron que coordinarán acciones en relación a la condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) que responsabiliza al Estado de Honduras en la arbitraria decisión de destituir a tres magistrados y a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el año 2012
“La Procuraduría General de la República coordinará las acciones con las instituciones estatales vinculadas, entre ellas: Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y Secretaría de Derechos Humanos, para el cumplimiento efectivo de la sentencia del alto tribunal interamericano”, dice parte el comunicado.
La sentencia declara como responsable al Estado de Honduras como responsable por violaciones a las garantías judiciales y principio de legalidad, derechos políticos y protección judicial, derecho al trabajo, derecho a la integridad personal y protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en contra de los magistrados de la CSJ.
Esto luego de la destitución ilegal y arbitraria del Congreso Nacional por parte de los exmagistrados de la CSJ, José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz Sequeira, José Francisco Ruiz Gaekel y Gustavo Enrique Bustillo Palma en el 2012.
“La PGR se reserva el derecho a ejercitar las acciones judiciales correspondientes en contra de los funcionarios que a través de sus acciones motivaron el resultado de la referida sentencia”, sentencia el escrito.
Por su parte, el Poder Judicial se comprometió a implementar las medidas impuestas por la Corte IDH y dar cumplimiento con la reciente sentencia emitida.
“Nos comprometemos a trabajar de manera diligente y transparente en la implementación de las medidas dispuestas por la Corte IHD, a fin de restituir los derechos violados a los profesionales destituidos y garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro”, dice parte del comunicado.
Asimismo, desde la CSJ reconocen el cumplimiento de la sentencia en el marco del Sistema Interamericano, considerándolo de “suma importancia para el respeto y la galería de los derechos humanos en Honduras”.
