El Ministerio Público (MP) inició una investigación con el fin de confirmar los objetivos que mantienen viva la crisis en el Bajo Aguán.
Las denuncias expuestas por el presidente Porfirio Lobo Sosa y el alcalde capitalino Ricardo Álvarez sobre la sospechosa presencia de grupos armados en el Aguán, que daría lugar a una lucha ideológica y no agraria, fue razón para que la Fiscalía de Derechos Humanos interviniera.
Lobo Sosa se pregunta porqué campesinos portan AK-47 bajo el argumento de defender invasiones de tierras.
Se espera que los cuerpos de inteligencia de la Policía y el Ejército hagan llegar informes a la Fiscalía General para generar una acción penal, que es lo que procede, dijo el fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado.
Asimismo, se obliga la intervención de la Fiscalía contra el Crimen Organizado para constatar un posible tráfico de armas.
Por tal razón, explicó que se obliga procesar el caso con el sustento suficiente, con datos concretos, completando una investigación para recabar evidencias que determinen la procedencia de una acción penal contra sospechosos.
“Si se infringe una ley en función de reclamar un derecho que no se posee, también el sistema debe hacer lo suyo de deducir responsabilidades”, expresó Enamorado.
Esta Fiscalía maneja otros expedientes sobre hechos constitutivos de delito en esa zona, como desalojos violentos de campesinos, que ya son conocidos por instancias judiciales.
