TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva normativa favorezca al delincuente o procesado”.
Así reza un principio establecido en el artículo 96 de la Constitución de la República.
Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en noviembre de 2019, los sentenciados firmemente acudirían a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a presentar los recursos de revisión.
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En las prisiones del país hay cerca de 25,000 privados de libertad que en su mayoría se estarían beneficiando, debido a que en la novel legislación, la mayoría de figuras delictivas fueron suavizadas.
Algunos casos de alto impacto se beneficiarían con el nuevo Código, aunque nada está escrito porque el Poder Legislativo ha anunciado la revisión y socialización de la nueva norma.
Uno de los favorecidos con el nuevo estamento jurídico sería el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, quien pese a que aún no tiene una sentencia firme en sus diversas acusaciones, sus abogados ya piensan en el recurso de revisión.
Algunos expertos jurídicos insisten en que la nueva norma favorece a los corruptos.
La abogada Nilia Ramos, que defiende a Zelaya, señaló que interpuso un recurso de casación en el denominado caso empresas de fachada.
Una vez que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en torno a este caso, la defensa de Zelaya interpondrá el recurso de revisión ante la Sala Constitucional para tratar de reducir los 71 años impuestos, aunque pese a la revisión no podría salir en libertad.
El exvicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, condenado a seis años de prisión, también revisaría su sentencia.
El nuevo Código Penal señala una pena de entre dos y cinco años de prisión por el delito de tráfico de influencias.
No obstante, Bonilla está procesado por otro caso de corrupción por la presunta malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, por el que tiene medidas distintas a la prisión preventiva.
El exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, fue condenado a 17 años de prisión, nueve por enriquecimiento ilícito y ocho por fraude y abuso de autoridad. Una vez vigente el instrumento, podrá interponer ese mismo recurso. Chimirri se favorecería en los dos aspectos, porque en el nuevo Código la malversación se castiga con entre cuatro y seis años de prisión, el abuso de autoridad se castiga de entre tres y seis años de cárcel y el fraude se castiga con esas mismas penas.
El periodista David Romero, condenado a diez años de prisión, recobraría su libertad una vez que su defensa interponga la revisión y la Sala Penal lo resuelva.
En el actual Código se castiga a los imputados por el delito de injuria con una pena de uno a dos años. Sin embargo, la reforma a esta normativa sustituye la cárcel por una multa. Esta misma suerte correrían unas 860 personas condenadas por el delito de actos de lujuria, que curiosamente este delito desaparece en la nueva norma.
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Recursos
Ante este escenario, la comunidad judicial prevé la interposición de una lluvia de recursos de revisión de reos que se encuentran con sentencia firme.
“Si una persona ha sido sancionada con penas más graves y ahora las penas son de menor gravedad, las personas tienen el derecho que se le aplique la nueva ley porque lo establece el principio de retroactividad”, señaló el coordinador de los Tribunales de Sentencia de Francisco Morazán, Mario Díaz.
Por otra parte, uno de los delitos que fueron suavizados por los parlamentarios fue el de lavado de activos, lo que ha generado una serie de cuestionamientos en los diferentes sectores. “Es prematuro decir que el nuevo Código Penal trae penas menos severas, hay que hacer análisis más profundo”, indicó la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Ethel Deras.
