La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) designó un equipo de investigadores para establecer qué agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) fueron los que tomaron las declaraciones de los policías involucrados en el asesinato de los estudiantes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez,
el 22 de octubre de 2011.
Las acciones iniciaron el mismo día en que EL HERALDO
publicó en exclusiva el
testimonio de José Rubén Pozo López,
sobre el vil crimen de los dos jóvenes de 22 años de edad cada uno.
Una nota oficial de la DIECP establece que “A raíz de la publicación en un medio de comunicación (EL HERALDO) sobre las declaraciones, ante juez competente del policía José Rubén Pozo López, vinculado al asesinato de Rafael Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la rectora Julieta Castellanos, y su amigo Carlos David Pineda Rodríguez, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) designó un equipo de investigadores para establecer qué agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) fueron los que tomaron las declaraciones de los servidores policiales que participaron en el doble crimen de los universitarios”.
“Por el momento, las investigaciones siguen su curso normal, a fin de confirmar el testimonio del policía Pozo López y aclarar los extremos de su declaración, por lo que las autoridades de la DIECP no cuentan con más elementos sobre el doble crimen”, establece el documento.
El relato
Pozo López fue el primer policía que se entregó a la justicia hondureña bajo la protección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), por lo que permanece recluido en una bartolina de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH). En la patrulla iban, además, el oficial Carlos Galeas, el conductor Carlos Wilfredo Figueroa y el operador Santos Arnulfo Padilla.
En su declaración, Pozo revela la participación que tuvo cada uno de los policías que iban a bordo de la patrulla 92, con la cual hicieron persecución y abrieron fuego contra el vehículo RAV4 en el que se conducían los universitarios.
Pozo cuenta en su testimonio que cuando fueron llevados a la DNIC, como sospechosos del crimen, un oficial y un suboficial les ayudaron a preparar sus declaraciones. En el caso de Figueroa, este fue detenido en una posta en la carretera a Danlí y cuando llegó a la sede policial, su declaración estaba lista, solo para ser firmada.
Hasta la fecha, la DNIC no ha informado quiénes son el oficial y el suboficial que se prestaron para fabricar las declaraciones que se presentarían ante jueces y fiscales, y mucho menos se sabe si han tomado acciones en contra de esos agentes de investigación. El actual director de la DNIC, Atilio Flores, dice desconocer los nombres de los involucrados.
El policía a quien se le involucra de haber participado en el doble asesinato se encuentra en la unidad militar desde el 7 de diciembre de 2011.
Hace más de un año que ocurrió el abominable hecho violento donde se vieron involucrados agentes de la Policía Nacional, mismos que fueron plenamente identificados por los mismos jefes policiales.
El hallazgo de los dos cadáveres se registró en las primeras horas del sábado 22 de octubre a inmediaciones del sector de Los Hornos, en el kilómetro 8 de la carretera que de Tegucigalpa conduce al sur del país.
Ese doble crimen se convirtió en la punta de lanza para que se desencadenara una serie de hechos que dejaron al descubierto la podredumbre al interior de la Policía Nacional.
Como parte del proceso investigativo que tenía como objetivo identificar a los autores materiales del doble asesinato, el 27 de octubre de 2011 se da a conocer la existencia de un video tomado por cámaras ubicadas en la zona sur de la ciudad que muestra a una patrulla policial siguiendo al vehículo en el que se conducían los universitarios.
Este mismo día se pone en evidencia la red criminal integrada por policías que habrían cometido innumerables delitos en el sector sur de Tegucigalpa.
Además de eso, se estableció la existencia de carteles en La Granja y Belén, vinculados con el robo de vehículos, cobro de impuesto de guerra, extorsiones, asesinatos y otros ilícitos.
A raíz de las investigaciones, el 30 de octubre los jefes policiales reconocieron que cuatro policías vinculados en el crimen desaparecieron de forma misteriosa, al aprovechar que la Jefatura Metropolitana, donde estaban bajo custodia, les permitió salir francos, es decir, que tenían día libre.
+ Escalofriante relato del asesinato de universitarios y corrupción policial
Se debe investigar a todos los involucrados
La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, pidió a las autoridades correspondientes que se investigue a todas las personas que se involucraron en el asesinato de su hijo Rafael Alejandro Vargas y su amigo Carlos Cavid Pineda.
Tanto los guardias de seguridad de Plaza Millenium que acusaron a los jóvenes universitarios de ladrones y a los agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal que falsificaron los testimonios tendrían que ser llamados a declarar, según los expertos.
EL HERALDO le consultó a Castellanos si ella y la familia de Pineda pedirán a las autoridades del Ministerio Público que inicien una investigación en contra de estas personas, a lo que la rectora contestó que las personas involucradas tendrán que ser investigadas. “Tiene que investigarse a todo el que está involucrado, pero yo no he leído los periódicos ni los voy a leer, ni voy a referirme a los detalles del caso, espero que entiendan”, dijo Castellanos.
Agregó que los nombres de estas personas podrán ser divulgados si no interfieren en la investigación, de lo contrario tendrán que permanecer ocultos mientras se sigue el proceso judicial.
