TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En el buen uso de los recursos públicos, fomentar el ahorro y otras medidas de austeridad está la clave en la que se han basado los gobiernos de distintos países para la lucha efectiva e integral contra el covid-19, pero en Honduras ocurre lo contrario.
Un reflejo de eso es que al primer semestre de este año, 33,210 millones de lempiras (47.24% de la partida presupuestaria) se han ejecutado en servicios personales de los funcionarios de la administración centralizada y descentralizada de la actual gestión gubernamental.
Lo anterior incluye salarios, aportes patronales, remuneraciones extraordinarias al igual que otras contribuciones sociales de los servidores, cuyo presupuesto vigente para el 2020 en este concepto es de 70,305 millones de lempiras, constató EL HERALDO conforme a la información publicada a la fecha por la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Diversos sectores sociales urgen de acciones para disminuir el gasto público y reorientar fondos a las áreas prioritarias para hacerle frente a la pandemia del coronavirus, brindándole a los afectados condiciones dignas de atención y todo el equipo e insumos al personal de salud.
Hace cuatro meses el gobierno ha venido endeudándose con los organismos multilaterales no solo para el combate a esta enfermedad, sino para cumplir con los compromisos salariales para los meses de junio, julio y agosto de 252,312 burócratas, quienes están recibiendo su paga en tiempo y forma, algunos de ellos sin cumplir una función específica.
Reducir partidas
De las 71 instituciones del gobierno central y 16 descentralizadas, EL HERALDO verificó que hay varias entidades que realizan duplicidad de funciones y otras que no generan ningún beneficio, por lo que es imperativo reducir su partida presupuestaria o simplemente clausurarlas.
En el gabinete de gobernabilidad existe una Comisión Interinstitucional contra la explotación sexual, comercial y trata de personas a la que se le destinó 8.9 millones de lempiras para el presente ejercicio fiscal y se desconoce sus alcances en la sociedad.
El Centro Nacional de Educación para el Trabajo (Cenet) es otra de esas instituciones que actualmente no tiene razón de ser, cuyos fondos aprobados para este año son 19 millones de lempiras.
L 4,707.4millones se han ejecutado en la lucha contra el covid-19 al 17 de julio. |
Desde su creación, la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC) ha sido tildada como un “elefante blanco” que no ha velado por la abogacía de la competencia como una de sus funciones, manejando un presupuesto para el 2020 de 38.2 millones de lempiras.
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El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (Ihcieti), el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), la Dirección Nacional de Parques y Recreación, a su vez el Instituto Nacional de la Juventud, son de esas entidades que en las actuales circunstancias no son elementales, por lo que sus partidas presupuestarias deberían ser recortadas, según economistas.
El analista del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) y catedrático universitario Alejandro Aronne manifestó a EL HERALDO que “en realidad el gobierno debe en estos momentos centrarse en la reasignación presupuestaria de recursos, es decir, reducir el presupuesto de algunas secretarías de Estado, cuyos bienes y servicios generados no son prioritarios para la atención a la crisis sanitaria”.
La reorientación de fondos para la atención de las necesidades más fundamentales en salud implica un desafío para la actual administración debido a la caída en 25,000 millones de lempiras que tendrían los ingresos tributarios al igual que otros factores, entre ellos la paralización parcial de la economía nacional, aseguró el presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Luis Guifarro.
Indicó que “se tiene que hacer un uso de los recursos públicos de forma muy estricta, con altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, cosa que hasta la fecha no lo hemos visto, sino por el contrario porque el gobierno ha estado siendo señalado por distintos actos de corrupción en plena pandemia”.
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Salarios y racionalización
En la nación hay altos funcionarios que ganan salarios que superan los 250,000 lempiras y ni siquiera existe una mínima intención manifiesta de sacrificar parte de sus remuneraciones mientras el país atraviesa dificultades, principalmente, económicas y sociales.
“Ante esta situación y dado que por parte de la acción del gobierno no ha sido posible adoptar un programa de ayuda a los más desfavorecidos que por lo menos hubiera una clara intencionalidad de revisar la masa salarial, empezando la remuneración a distintos niveles de las instituciones”, consideró Guifarro.
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El pasado 16 de julio, el Congreso Nacional aprobó un decreto en el que se autorizó a Finanzas a aplicar acciones para racionalizar el gasto corriente, incluyendo las disminuciones presupuestarias y de las transferencias que sean necesarias a instituciones tanto públicas como privadas.
En los últimos años, el Estado viene erogando un promedio de 300 millones de lempiras en el pago de alquiler de edificios para las distintas instituciones, por lo que desde la sociedad civil instan a habilitar de una vez por todas el Centro Cívico Gubernamental (CCG) y evitar de esta forma el pago de rentas excesivas por inmuebles que en algunos casos se encuentran deteriorados.
El desembolso por viáticos, dietas u honorarios, entre otros beneficios que solían recibir los burócratas, también debe quedar suspendido sin excepción alguna como una acción para promover una auténtica racionalización del gasto en tiempos de covid-19, exhortaron los especialistas, medidas que también son parte del reclamo popular.
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