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Tegucigalpa, Honduras
El Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) iniciaron investigaciones sobre las escandalosas compras sobrevaloradas de insumos en la Secretaría de Salud, que involucran a familiares de la secretaria general del organismo, Cristina del Carmen Díaz Tábora.
“A raíz de la información proporcionada por diario EL HERALDO el Ministerio Público ha abierto formal investigación a través de una denuncia, se ha asignado al personal correspondiente para que inicie las diligencias”, dijo el fiscal especial contra la Corrupción Ricardo Matute.
Una de las primeras pesquisas consistirá en verificar si los contratos de las empresas que estafaron a Salud están registrados en la Oficina Normativa de Compras y Contrataciones del Estado (ONCAE), por medio del sistema de Honducompras.
“Debemos de acreditar si la relación de estas empresas con la Secretaría de Salud está debidamente registrada, recordemos que estos procesos de licitación deben estar debidamente registrados”, indicó.
De igual manera, el Ministerio Público solicitará copias de los expediente de licitaciones de estas compañías que obran en la Secretaría de Salud.
En caso de que esa cartera no tenga los expedientes de las licitaciones el Ministerio Público piensa pedir los documentos de las adquisiciones en los regionales de esa dependencia u hospitales que haya celebrado procesos de compras.
La Fiscalía ya obtuvo las copias de las escrituras de las cinco empresas de los familiares de la funcionaria para constatar quiénes son las personas a las que particularmente debe de ir dirigida la investigación, en el caso de los oferentes.
“Una vez establecidas las irregularidades, el último elemento sería establecer quiénes serían los autores de las mismas”, advirtió Matute.
La Unidad Investigativa de EL HERALDO reveló que mediante procesos de licitación privada se realizaron millonarias compras sobrevaloradas en la Secretaría de Salud durante el gobierno pasado.
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En los procesos de licitación fueron invitadas una empresa que fue fundada por la secretaria general Cristina Díaz, y otras cuatros cuyos dueños son su hermano, Óscar Danilo Díaz Tábora y las hijas de este, Andrea Carolina Díaz Pacheco y Larissa Gabriela Díaz Pacheco.
Cristina del Carmen Díaz Pacheco aseguró que vendió la totalidad de sus acciones de la empresa Central Distribuidora S. A. de C. V. a su hermano Óscar Danilo Díaz.
Mientras que Óscar Danilo Díaz y Juno Francisca Montes de Oca de Díaz son los dueños de Laboratorios D la Roja, S. de R. L. de CV.
Por su lado, estas mismas dos personas son los accionistas de Productos Químicos Industriales S. de R. L. de C. V.
Las hermanas Andrea Carolina Díaz Pacheco y Larissa Gabriela Díaz Pachecho son las dueñas de Inversiones Corporativas de Latinoamérica S. de R. L. de CV (Incorsa) y Distribuidora Comercial S. de R. L. de C. V. (Dicomer).
Según la investigación hecha por EL HERALDO, estas empresas, pese a estar conformadas por familiares, fueron invitadas de forma reiterada por Salud para que participaran en licitaciones privadas, lo que podría suponer que no hubo respeto al principio de competitividad que exige la Ley de Contratación del Estado.
De acuerdo a lo investigado por EL HERALDO, estas empresas inflaron los precios más de 10 veces del costo real de mercado, en algunas oportunidades.
EL HERALDO verificó lo anterior al comparar los precios de los productos comprados por Salud a estas compañías con los que existen en otros comercios.
Para el caso, la empresa Dicomer vendió un lote de 252 fórceps (tenazas para extraer dientes) a 1,687 lempiras, cuando el valor en depósitos es de menos de 300 lempiras.
Las fresas de diamante para uso dental fueron comprados por Salud a Dicomer por 125 lempiras, mientras que en los comercios su cotizan en 750 lempiras.
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También el rodete de algodón que cuesta 75 lempiras Dicomer lo vendió a 750 lempiras.
Por su lado, la Secretaría de Salud compró a Incorsa mecheros de vidrio a 2,111.20 lempiras, pese a que su costo en algunos establecimientos es de 69.56 lempiras.
Las empresas de estos familiares recibieron 16.3 millones de lempiras en seis meses entre 2010 y 2013, según lo contabilizado por EL HERALDO en los pagos posteados por Salud en su página de transparencia.
De los otros 42 meses de ese periodo no hay información disponible en el portal y de igual manera, la Secretaría de Salud denegó a EL HERALDO a una petición de información sobre los expedientes de las licitaciones en las que participaron esas compañías.
De estas cinco empresas no hay mayores rastros, las direcciones que consignaron en los expedientes licitatorios resultaron ser falsas, de acuerdo a lo constatado por EL HERALDO.
El fiscal Matute indicó que momentáneamente no se tiene contemplado citar a ninguna persona y que eso dependerá de la información que se obtengan de los documentos .
“ La documentación que se decomisa le permite a nuestros auditores establecer si hay irregularidades en el proceso y a partir de esas irregularidades el fiscal tiene los elementos para hacer las preguntas; de nada nos sirve citar personas si el fiscal no sabe qué preguntar”, acotó Matute.
El hecho de que los únicos oferentes en licitaciones sean empresas de familiares no necesariamente constituye una ilegalidad, pero sí que se hagan compras sobrevaloradas, remarcó el fiscal.
Auditoría
Por su lado, el Tribunal Superior de Cuentas aperturó una investigación sobre la compra sobrevalorada de insumos en la Secretaría de Salud por medio de la Dirección de Participación Ciudadana.
Las pesquisas del ente contralor van orientadas a verificar el valor total del daño patrimonial que se generó por la adquisición de esos productos a costos inflados.
De igual manera,buscará determinar el grado de responsabilidad civil, penal y administrativa de los funcionarios que generaron las pérdidas contra el Estado.
Este caso será adjuntado a la investigación o auditoría integral que hace el TSC sobre proceso de adquisición en la Secretaría de Salud.
