En un comunicado emitido por el organismo subraya que “en caso de que se precise la interposición de las acciones legales en contra del contratista, la Procuraduría General de la República requiere que tras los procedimientos legales de mérito, la instancia administrativa de la contratación emita los actos jurídicos sobre los que se ejercerían las acciones correspondientes”.
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“Ante la posibilidad de que exista razonablemente indicios para deducir responsabilidad penal por acción u omisión de los involucrados en la contratación de los hospitales móviles destinados para atender a la población y las necesidades de salud causadas por la pandemia de la enfermedad del covid-19, dependerá de los hallazgos resultantes en la investigación que realicen el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público”, añade.
Dentro del proceso penal contra los supuestos responsables en la contratación que promueva el ente acusador del Estado, la PGR actuará según sus atribuciones en protección y defensa de los intereses del Estado, accionando para que se restituyan los bienes y derechos que fueron lesionados, sostiene la misiva emitida.
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Instó al TSC a sustentar los procedimientos administrativos pertinentes al tiempo de determinar si existe responsabilidad administrativa o civil para los funcionarios como también exfuncionarios que hubiesen incumplido los requisitos al igual que procedimientos para la preparación y adjudicación de las compras o suministros pactados.
