Honduras

Instituto para la Atención a Menores Infractores urge de 66 millones de lempiras para seguir funcionando

Desde octubre del 2021 no se le ha devengado el presupuesto de 11 millones por trimestre a la institución, ascendiendo esta cifra a 66 millones en los últimos seis meses
10.03.2022

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) está pasando por una de sus peores crisis. Desde el último trimestre de 2021 no recibe el presupuesto para seguir funcionando, alertaron sus autoridades.

El presupuesto de esta entidad es obtenido mediante una transferencia trimestral a través del Patronato Nacional de la Infancia (Pani); que generan los impuestos de las loterías privadas, así como del Fideicomiso para la Reducción de Pobreza.

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El director del INAMI, Felipe Morales, señaló que desde octubre del 2021 no se le ha devengado el presupuesto de 11 millones por trimestre a la institución, ascendiendo esta cifra a 66 millones en los últimos seis meses.

“En enero de este año se presentó la liquidación de octubre, noviembre y diciembre, pero el Comité Técnico del Fideicomiso para la Reducción de Pobreza no se reunió y nos ha dejado así hasta la fecha” reveló Morales.

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Si esta situación se prolonga, tendrán que acudir a la caridad pública “tendremos que salir a la calle para pedirle a la gente, otra cosa, el personal puede tomar la decisión de irse, ya que comenzamos a deberle el mes de febrero” señaló.

El INAMI cuenta con cinco centros en Honduras, tratando con alrededor de 2,000 menores infractores que tienen que ser alimentados, asimismo, en cuanto a su personal laboral ronda entre los 350 empleados.

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Añadió que, la institución ha verificado que el PANI si cuenta con los fondos correspondientes a su desembolso en las cuentas del Banco Central de Honduras (BCH), por lo que, la demora recae en las gestiones financieras del nuevo gobierno de la República.

Exhortó a las autoridades del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a comenzar con las acciones inmediatas para evitar que las personas que conforman la institución caigan en la vulnerabilidad de sus derechos