El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) declaró como nulo el acuerdo de secretividad sobre el pago millonario de subsidios al servicio de buses urbanos emitido por Soptravi.
La invalidación de este acto es debido a que la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi) ordenó que se mantenga en reserva esa información sin pedir la opinión legal del IAIP, se informó a EL HERALDO.
En sesión de pleno de IAIP del 15 de marzo pasado se giró instrucciones para que se conformara una comisión para que “emita un acuerdo declarando nulo de pleno derecho el acuerdo emitido por Soptravi”, dice el acta 06-2012 de la referida reunión.
La comisión quedó integrada por el gerente legal del IAIP, Kalton Brulh; el secretario general, Nelson Antúnez y Daniel Regalado Hernández, asistente del magistrado Arturo Echenique.
Al respecto, Echenique manifestó en esa sesión que “Soptravi no se encuentra facultada por la ley para poder emitir reservas de información”.
EL HERALDO
hizo uso de la ley de Acceso a la Información ante la negativa de Soptravi de revelar a quiénes se paga el subsidio de buses urbanos.
Además, EL HERALDO
ha solicitado un listado de la flota vehicular que recibe este beneficio y la que no. El objetivo es verificar si Soptravi ha pagado a propietarios de buses rapiditos, quienes no tienen derecho a subsidio porque cobran 11 lempiras por pasajero.
Violación
Soptravi hizo la declaratoria de reserva de información de forma unilateral porque la emitió sin tener la opinión legal del IAIP.
El artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que cuando una institución pública pretenda emitir un acuerdo de secretividad, el mismo debe estar debidamente motivado y sustentado.
La dependencia que haya elaborado la petición de acuerdo de reserva tiene que enviar una copia de la misma al IAIP para que esta determine si el dato que se quiere mantener en secreto reúne los requisitos para catalogarse como secreto de Estado.
Pero Soptravi emitió el acuerdo de secretividad sin pedir el dictamen del IAIP.
“En consecuencia, al haberse aprobado un acuerdo de clasificación sin la opinión previa del IAIP, el mismo es nulo de pleno derecho”, dijo a
EL HERALDO
el gerente legal Kalton Brulh.
Por tanto, esa información (pago de subsidios) es pública y de oficio debe estar disponible en el Portal de Transparencia de esa institución.
En el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, el IAIP también anuló un acuerdo de secretividad que se elaboró para “blindar” la información relacionada al pago de sueldos y salarios de los empleados de Casa Presidencial. En su momento se especuló que un magistrado del IAIP fue quien había redactado el documento de la reserva.
Por esta irregularidad no se impusieron sanciones de parte del IAIP, por lo que esta violación a la Ley de Transparencia quedó impune.
EL HERALDO
consultó al IAIP qué tipo de sanciones se deben de imponer a los funcionarios de Soptravi que tuvieron que ver con la reserva, pero la interrogante no se contestó.
Justificaciones
La secretividad de una información solo puede ser invocada cuando, según la Ley de Transparencia, la misma afecte la seguridad del Estado, la vida, la seguridad, la salud de cualquier persona y los intereses a favor de la niñez.
Asimismo, para cuidar la conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales y la estabilidad económica, financiera o monetaria del país o la gobernabilidad.
El titular de la Dirección General de Transporte (DGT), Blas Ramos, indicó que el acuerdo de secretividad se aprobó como medida para proteger la seguridad de los transportistas que reciben el bono. Si el argumento de Ramos fue legalmente válido, entonces no se publicarían los sueldos y salarios de los empleados públicos, como lo ordena la Ley de Transparencia.
Millones
El Congreso Nacional aprobó para 2012 un partida de 292 millones de lempiras para el pago de subsidios.
Este dinero se reparte entre los propietarios de 1,295 buses cuyo pasaje vale actualmente cuatro lempiras.
En virtud de que casi no hay buses grandes o amarillos en la ciudad, se sospecha que algunos dueños de rapiditos, que ahora poseen el número del bus grande, siguen recibiendo ese beneficio.
Por cada bus se cancelan 750 lempiras al día, pese a que no hay cumplimiento a los horarios de servicio.
Existen unos 400 buses rapiditos que operan legalmente y cuyo pasaje es de 11 lempiras.
Estos rapiditos, lejos de solucionar el problema vial en la ciudad, lo han empeorado, ya que generan tráfico, no respetan el uso de bahías de buses, no hacen fila y llevan personas de pie.
Además, para evitar el pasaje preferencial, no hacen parada cuando una persona de la tercera edad demanda el servicio.
Blas Ramos, al ser aprobado al subsidio, afirmó a los diputados y periodistas que toda la información estaba disponible en la web, lo cual resultó falso.
Se niega información porque algo se oculta
La coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) Dulce María Zavala, consideró que la negación de información pública obedece a que los funcionarios “algo ocultan”. “Todo el que no quiere transparentar sus acciones es porque algo quiere esconder”, acusó Zavala.
Así reaccionó la jefa del CNA ante el acuerdo de secretividad emitido por Soptravi para negar la información relacionada al pago de subsidios al transporte urbano.
“Como observadores de la transparencia consideramos que se está actuando al margen de la Ley de Transparencia”, opinó Zavala al criticar que la reserva de información se hizo ilegalmente.
Anunció que buscará tener acercamientos con los funcionarios de Soptravi para hablar sobre los procedimientos que aplican para ocultar información.
Recordó que el gobierno de Lobo declaró su gestión de cuatro años como período de transparencia y que debe de cumplirse ese lema.
