TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 73-2021, normativa mediante la que el Congreso Nacional en el año 2021 prolongó hasta el 2028 la continuidad de un contrato del Estado de Honduras con una empresa nacional.
El compromiso fue firmado entre la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation S.A. de C.V. y el Sistema Nacional de Emergencias 911, para que esta compañía proporcionara el ser vicio técnico, mantenimiento tecnológico, la administración del enlace de datos, entre otros, para el funcionamiento de la plataforma de varios proyectos de seguridad.
Motivos del recurso
De acuerdo con el recurrente, en este caso la PGR, uno de los motivos por los que solicita la inconstitucionalidad del convenio es porque el efecto de este contrato se extendió al siguiente período de gobierno, contraviniendo lo expresado en el artículo 364 constitucional.
Además, el decreto 73- 2021 manda a que el Estado deberá de pagar los servicios a la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation S.A. de C.V. con los recursos obtenidos de la Tasa de Seguridad Poblacional. Sin embargo, en mayo de 2022 el Congreso Nacional canceló el fideicomiso de la Tasa de Seguridad y trasladó los fondos a la Caja Única de la Tesorería.
En el literal seis de este precepto señala que “la suscripción del mismo no requiere de ulterior aprobación (siguiente) de manera legislativa, ya que su suscripción, validez, vigencia y ejecución queda autorizada de pleno derecho”.
Esta situación, según la PGR, pone en precario la estabilidad económica del Estado de Honduras y en vista de esto solicitó a la Sala Constitucional declarar la inconstitucionalidad del decreto 73-2021.
¿Qué dice el acuerdo?
El decreto ejecutivo número PCM 11-2023 establece los alcances y atribuciones de la comisión y que uno de los puntos torales es la nulidad del contrato con la proveedora del servicio en las cámaras.
En primera instancia, la intervención en el 911 tendrá una duración de un año (prorrogable) y se contratará una auditora internacional para determinar el precio justo de mercado del contrato de servicios suscritos con la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation S.A. de C.V. y establecer si existe sobrevaloración o sobreprecio del mismo, como lo dice artículo 3 en su primer inciso.
El Estado tiene un contrato con la empresa Dinamyc Corporation hasta el 31 de diciembre de 2028, no obstante, con la intervención se buscará declarar nulo el documento. Debido a la falta de acuerdos, el servicio de cámaras opera a lo mínimo, complicando la persecución del delito en las principales ciudades.
“Presentar y promover todas las acciones correspondientes para la declaración legal de nulidad del contrato con la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation S.A. de C.V., así como garantizar la deducción de responsabilidades a que haya lugar”, reza el cuarto inciso del mismo artículo 3.
En un término de 90 días se deberá presentar un informe preliminar y los interventores quedarán facultados para realizar contrataciones directas de bienes, servicios, suministros, sistema de video vigilancia, sistema de llamadas, arrendamiento de bienes, contratación de servicios de consultorías o auditorías con empresas nacionales o internacionales.
Asimismo, se procederá a terminar o revocar contratos de trabajo y acuerdos de personal de acuerdo con el artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública. El informe tendrá la situación financiera del 911, recomendaciones y otros.
