COLÓN, HONDURAS.- Usando a niños y mujeres como escudo, campesinos armados volvieron a tomarse una finca de palma africana en el Bajo Aguán, en el departamento de Colón, provocando que se agudice el conflicto en la zona.
Según se reportó, fue a eso de las 5:00 de la mañana que los invasores ingresaron a la finca El Chile, en el área que rodea la planta extractora. Se tomaron los portones y colocaron la Bandera Nacional como señal de protesta.
Se conoció que entre los planes de los invasores está tomarse la planta de procesamiento ubicada en ese mismo sector.
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Imágenes tomadas en el lugar muestran a mujeres ingresar a la finca cargando a sus bebés en sus brazos, además de ropa y algunos alimentos.
Asimismo, muestra que algunos militares rodearon la planta mientras decenas de empleados estaban afuera esperando se liberara el lugar para retomar sus labores.
El pasado domingo -20 de noviembre- otro grupo de campesinos armados se tomaron la finca El Tumbador ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde sacaron a los guardias de seguridad amenazándolos con dispararle si no abandonaban el lugar.
Horas más tarde, la Policía Nacional llegó hasta el lugar para iniciar un desalojo que se ejecutó de forma pacífica.
La invasión de fincas ha afectado la productividad en la zona, por tal razón, el gobierno de Honduras creó una comisión para encontrar una salida al conflicto de tierra en el Bajo Aguán.
Comisión tripartita
Con el objetivo de proteger e investigar supuestas violaciones de los Derechos Humanos en el conflicto de tierras del Bajo Aguán, el gobierno de Honduras ordenó la creación de una comisión tripartita que estará integrada por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, la Secretaría de la Presidencia, el alto comisionado de Derechos Humanos y abogados internaciones propuestos por la Plataforma Agraria.
La comisión tiene como punto toral, por órdenes de la presidenta Xiomara Castro, la protección de los Derechos Humanos, garantizarlos e investigar de forma exhaustiva, pormenorizada, técnica y científica a fin de encontrar o descartar si ha habido tales violaciones a los Derechos Humanos, según reveló Sabillón en una conferencia de prensa en agosto.
“Es actuar con contundencia para que estos hechos no sean repetitivos y también encaminado al segundo aspecto, muy importante para nosotros, que es la tenencia y seguridad jurídica de la tierra y tercero quede como resultado, después de este proceso investigativo, la judialización de los casos y si es el tema de la tenencia de la tierra los respectivos desalojos que puedan devenir de un proceso judicial, nosotros aplicaríamos con la rigurosidad que la ley manda”, afirmó el funcionario.
