NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-En la audiencia previa al juicio por narcotráfico celebrada el jueves en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, reveló de dónde provienen las amenazas a muerte contra su familia.
Durante su intervención, Hernández manifestó: “entre los materiales que recibimos de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, hubo información sensible información relativa a una amenaza de muerte contra mi familia, pero sólo pude verlo hace unos 20 días”.
“Está en las manos de los fiscales hace más de un año, y las amenazas en Honduras han continuado. Y lamentablemente, su señoría, entre esa misma información, la organización criminal que estaba armando estos atentados contra mi familia, según la fuente de información para la agencia estadounidense que recibió esta información, este grupo criminal ya mató a alguien, al hijo de un expresidente”, aseguró Hernández.
“Su señoría, todos los días paso por una situación terrible porque no sé qué va a pasar con mi familia. Fue el FBI quien dio esa información, y me vienen a decir solo que estoy encontrando el documento porque estaba buscando el material. ¿Será que la vida de mi familia no les importa a los fiscales? Por eso quería que supiera eso, y usted nunca fue informado de eso”, señaló el exmandatario.
Masacre donde murió el hijo de Pepe Lobo
En 14 de julio de 2022 en un centro comercial de Tegucigalpa fue asesinado junto a cuatro amigos, Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Las investigaciones de la Fiscalía hondureña identificaron como responsables del brutal asesinato a la Mara Salvatrucha (MS-13).
Los procesados en el crimen del hijo de Lobo son, Erick David Macias, Ever Ezequiel Espinoza Martínez, Daniel Alejandro Almendarez Ordóñez y Norma Alicia García.
Ellos son acusados de cómplices de asesinato en perjuicio de los cuatro jóvenes y asociación para delinquir.
Por este caso, el Ministerio Público continúa el curso de las investigaciones para individualizar la responsabilidad penal contra los otros partícipes de la masacre, en base a pruebas fehacientes y suficientes que permitan formular, motivar y sustentar nuevas acusaciones.