NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- A una nueva audiencia para mañana martes -23 de enero- fue convocado el expresidente de la República (2014-2018 y 2018-2022), Juan Orlando Hernández donde nuevamente estará frente al juez Kevin Castel.
Hernández estará presente junto a representantes de la Fiscalía de EUA para nuevamente exponer sus quejas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Dicha comparecencia está programada para las 9:00 a.m. (hora de Honduras).
“La Corte llevará a cabo una audiencia sobre los asuntos abordados en la audiencia del Gobierno dos cartas del 19 de enero de 2024 el 23 de enero de 2023”, dice parte de la misiva firmada por Castel.
Hernández también estará junto al exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre Bonilla” y el exoficial de la Policía, Mauricio Pineda Hernández en la Sala 11D del Tribunal.
“Se requiere la presencia del gobierno, de cada acusado y del abogado de cada acusado. El gobierno se encargará de la presentación de cada acusado. ASÍ LO ORDENO”, finaliza el corto escrito.
La última vez que el exmandatario hondureño estuvo frente a Castel, aseguró que se sentía “indefenso”, pues Raymond Colon se encontraba enfermo desde hace “seis meses”.
Además se ampliará la denuncia realizada por JOH donde expresó que “la persona que me refirió a Colon dice que la DEA lo reclutó para infiltrarse en mi defensa”, en referencia al rabino Jorge Bar-Levy.
Asimismo se definiría si un abogado se adicionaría a la defensa de Hernández, tal como lo solicitó.
“Necesito un defensor público. Estados Unidos me trajo aquí. Las colonias solían sufrir bajo Inglaterra... Era tiranía”, reclamó JOH.
Por su parte, “El Tigre” Bonilla también declaró problemas con su abogado, pues expresó que se siente “irritado” por el caso.
Será mañana martes -23 de enero- si Castel decide incluir un abogado adicional en la defensa de JOH y Bonilla y por ende, aplazar en un plazo de 30 a 45 días el inicio de juicio programado -hasta el momento- para el 5 de febrero.
Fiscalía de EUA solicitó investigación en quejas de “indefensión” de JOH y Bonilla
Un día después de las petición solicitada por Hernández y Bonilla en su equipo legal, la Fiscalía de EUA se pronunció y aseguraron que “no tienen objeción” en aplazar el inicio del juicio de 30 a 45 días.
“El Gobierno solicita respetuosamente que la Corte, en unex partebase, realizar una investigación adicional sobre las circunstancias de la insatisfacción de Hernández y Bonilla con sus respectivos abogados”, dice parte del escrito.
La carta agrega que “el Gobierno respetuosamente sostiene que no tiene ninguna objeción a la solicitud de Hernández de designar un abogado litigante adicional y un breve aplazamiento del juicio, si es necesario, en relación con ese nombramiento”.
Asimismo aseguran “no se opone a la solicitud de Hernández, hecha por primera vez en su correo electrónico al Sr. Colón (Dkt. 658) y reiterada en la conferencia del 18 de enero, de que se nombren abogados litigantes adicionales”.
La Fiscalía argumenta, además, que para evitar aplazamientos a mitad de juicio por el estado de salud de Raymond Colon, abogado defensor de JOH, el nombramiento de un abogado adicional “garantizaría el orden para todos los acusados”, pues recordaron que Sabrina Schroff, parte del equipo legal de Hernández, no actuará como abogada litigante, pues fue contratada exclusivamente para el material de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), por sus siglas en inglés.
La misiva también recalcó que “en la medida en que ese nombramiento requeriría un breve período de tiempo para permitir que los abogados recién nombrados se familiarizaran con el caso, el Gobierno no se opondría a un breve aplazamiento del juicio, sujeto a la disponibilidad del Tribunal”.
La Fiscalía del mismo argumenta que revisaron “con más detalle” los registros médicos proporcionados por Colon el pasado -17 de enero- y comprobaron los padecimientos del togado de nacionalidad puertorriqueña.
En ese sentido, esperan que un posible “empeoramiento en la salud de Colon” no sea impedimento de interrumpir el juicio y el abogado adicional se encargue de la defensa del exgobernante hondureño, evitando “gasto de tiempo y recursos adicionales para el juicio por parte de las partes, el Tribunal y el jurado”.
JOH, “El Tigre” Bonilla y Pineda Hernández son acusados por cargos de narcotráfico
El expresidente de Honduras, en los periodos de (2014-2017) y (2018-2022), es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York de tres cargos.
El primero es conspiración para importar cocaína, el segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos.
De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario “participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos”.
Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo del antiguo líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
De esa forma, el expresidente Juan Orlando Hernández se enfrenta a un castigo máximo de tres cadenas perpetuas y a un castigo mínimo de 40 años de prisión, si es encontrado culpable de los cargos por los que fue acusado por la justicia de Estados Unidos.
Por su parte, de acuerdo a las investigaciones de Estados Unidos, “El Tigre” Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos Juan Orlando y Juan Antonio “Tony” Hernández.
“A cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, Bonilla ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados”, señala la grave acusación contra el exjefe de la Policía.
Además, indica el documento, que en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluida información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.
Por otro lado el exoficial Mauricio Hernández Pineda, es acusado de participar en una megaconspiración de tráfico de drogas que incluye a JOH y “Tony” Hernández y hasta el mismo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Por cada cargamento de droga que protegía, Hernández Pineda recibía un pago de 200 mil dólares en efectivo (al menos cinco millones de lempiras), según certifican documentos oficiales de la Fiscalía de Nueva York.
“Recibió lucrativos sobornos de sus coconspiradores de hasta $200,000 por cada cargamento de droga que protegía”, señala el documento de la Fiscalía.
Los documentos federales señalan que, entre otros, “Tony” Hernández; el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander “Chande” Ardón; y el cartel de los Valle Valle desembolsaban los fajos de dólares por cada cargamento.
El acusado además reclutó a otros oficiales de la Policía Nacional para proteger los envíos de cocaína hasta la frontera con Guatemala y en varias oportunidades escoltó personalmente los cargamentos, que oscilaban entre mil y 1,500 kilogramos de cocaína, cuyo destino final fue Estados Unidos.
