Raúl Pineda Alvarado, analista político del país, expresó (antes de que se conociera que el presidente Porfirio Lobo había vetado el decreto) que la empresa podría 'sentirse afectada' por la no aplicación del contrato 252-2011.
'Ya tuvimos la experiencia muy triste del caso de la basura de San Pedro Sula y de otros contratos que el gobierno ha incumplido y que ha derivado en cuantiosas condenas para el gobierno y para algunas municipalidades', argumentó dejando entrever que es posible que la compañía Securiport entable una demanda.
'Si no se actúa con responsabilidad y con rapidez la empresa tendría la opción real de presentar una demanda, puede ser inclusive en lo Contencioso Administrativo, o según los términos del contrato, una demanda internacional y condenar al gobierno del pago de una indemnización', advirtió.
Para Pineda Alvarado es preferible que el presidente se vea mal al vetar su propio contrato a que vengan demandas contra el país.
