Tegucigalpa, Honduras.- La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, resaltó que el proceso judicial que se está desarrollando contra el precandidato presidencial Nasry Asfura debe ser justo.
”Es importante que los fiscales tengan el derecho de presentar sus casos ante los tribunales y que los acusados tengan el derecho de presentar su defensa”, declaró Dogu ante medios de comunicación.
Entre otros temas, apuntó que es importante que Honduras retome el tratado de extradición con Estados Unidos, el cual fue denunciado por el gobierno en agosto de este año. A criterio de la embajadora, este mecanismo fortalecerá la seguridad de Honduras.
“No queremos tener una condición donde los criminales piensen que pueden hacer lo que quieran sin miedo a ser extraditados”, comentó la diplomática.
Nacionalistas denuncian a fiscal general
Este día, se confirmó que un grupo de diputados del Partido Nacional presentaron una denuncia en contra del fiscal general, Johel Antonio Zelaya. La denuncia fue interpuesta ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La denuncia surge a raíz de que el titular del Ministerio Público (MP) realizara una cadena nacional para exponer las acusaciones que enfrenta Asfura por presuntos delitos cometidos en su gestión como alcalde de Distrito Central, las cuales derivaron en el supuesto desvío de más de 28.5 millones de lempiras de los fondos de la municipalidad.
“Nuestro candidato está siendo víctima de un abuso sistemático del aparato judicial con el único fin de desacreditarlo y detener su avance, estos ataques buscan desestabilizar y destruir la democracia y sobre todo la candidatura del que hoy repunta en las encuestas y que ha ganado el respaldo y la simpatía del pueblo hondureño”, expresó la diputada María Antonieta Mejía, quien figura como designada presidencial en la fórmula de Nasry “Tito” Asfura.
La cadena nacional transmitida el pasado lunes 21 de octubre fue tildada por algunos sectores como una “instrumentalización” de este mecanismo de comunicación por parte del MP, además de que también han señalado que existe una “persecución política” en contra del político nacionalista.
Sin embargo, el fiscal general sostiene que no se trata de una persecución política, sino de que el MP está cumpliendo con su labor constitucional.
A la espera del desarrollo de la audiencia inicial programada para el 4 de noviembre contra Asfura y otros siete imputados, el exalcalde se defenderá en libertad tras pagar una fianza de 15 millones de lempiras.