Tegucigalpa, Honduras
Una posible alteración del contenido se hizo al informe de inteligencia de la Policía Nacional que vincula a miembros de la cúpula policial con la planificación y ejecución del asesinato del exjefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico ( DLCN), Julián Arístides González, en 2009.
El Ministerio Público detectó las incongruencias al comparar la información del expediente DGPN-DED2-DI-No. 1101-2009, de la Dirección de Inteligencia Policial, que EL HERALDO reveló en exclusiva, con el que la Policía Nacional le proporcionó con el mismo número de registro.
El lunes pasado, cuando EL HERALDO dio a conocer la existencia del informe incriminatorio, la Fiscalía solicitó a la Policía Nacional que le entregara el expediente DGPN-DED2-DI-No. 1101-2009.
La Policía Nacional accedió y le dio el documento al ente acusador el lunes en horas de la mañana.
Orden de combustible
“El informe que se entregó al Ministerio Público es el mismo número de caso que publica EL HERALDO, pero con diferente información”, dijo una fuente de la Fiscalía.
Según la fuente, se hizo una cotejo de los folios de los dos documentos (el publicado por EL HERALDO y el entregado por la Policía) y se detectó que el expediente dado por la policía contiene archivos de gastos administrativos.
“En uno de los oficios (entregados por la Policía)se indica que corresponde a una orden de compra de combustible. Lo mismo ha sido detectado en el resto de oficios”, acotó otra fuente ligada con la intervención.
“No se descarta que pudieran ser suplantados y es por eso que se ha procedido al secuestro de varios expedientes, buscando los oficios publicados por EL HERALDO para así determinar la veracidad o no de los mismos¨, agregó la fuente.
Fue por ese motivo que el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal realizaron el secuestro de documentos en el Cuartel General Casamata de la Policía Nacional el lunes en la noche.
“El secuestro de documentos se ordenó para comparar (de nuevo) la información”, agregó la fuente.
El presidente Juan Orlando Hernández compareció en dos oportunidades ese lunes para pedirle a la Policía Nacional que colaborara con la investigación y entregara toda la información que pedía el Ministerio Público.
Al día siguiente agentes de la ATIC efectuaron otro secuestro de documentos de la Inspectoría General de la Policía Nacional, en el sector de El Ocotal, Distrito Central, donde también queda la sede de la Secretaría de Seguridad.
La fuente sostuvo que los análisis de los expedientes no han finalizado por parte del personal del Ministerio Público.
El informe investigativo DGPN-DED2-DI-No. 1101-2009 apunta que cúpula policial conspiró y realizó el crimen de Arístides González por orden de un narcotraficante que opera en el departamento de Colón.
El expediente de este caso emblemático también contiene una serie de declaraciones testificales, tres videos y patrones fotográficos, entre otras evidencias que manejó la Inspectoría General de la Policía Nacional.
La misma explicación dieron exdirectores de la Policía Nacional, que también dijeron que no tuvieron relación con el asesinato de Arístides González.
El asesinato se llevó a cabo como represalia porque Arístides González, con su equipo de la DLCN, evitó que un grupo de 12 policías sustrajera 143 kilos de cocaína en una supuesta operación encubierta La Mosquitia. Los 12 oficiales fueron detenidos.
El expediente DGPN-DED2-DI-No. 1101-2009 indica que miembros de la cúpula policial se reunieron en el Cuartel Casamata para orquestar el asesinato del zar antidrogas, de acuerdo con un video donde se grabó la conversación.
Los altos oficiales hablaron abiertamente de la planificación del asesinato porque creyeron que las cámaras de seguridad que hay en el despacho donde se reunieron estaban apagadas, establece el informe.
Fue así que el 8 de diciembre de 2009 Julián Arístides González fue acribillado por sicarios en moto cuando conducía en una camioneta por el barrio Guanacaste de la capital.
También en caso Landaverde
La posible manipulación de expedientes también sucedió en el caso del asesinato, supuestamente a manos de policías, del exasesor de la DLCN Alfredo Landaverde, el 7 de diciembre de 2011.
EL HERALDO reveló que los informes SEDS-IG-1106-2011 y SED-IG-0167-2012, de la Inspectoría General de la Policía Nacional, indican que altos oficiales ordenaron la muerte de Landaverde porque este hizo fuertes críticas contra policías a los que ligó con el crimen organizado.
En ambos informes se pidió que la información sobre la muerte de Landaverde que recopilaron policías fuera entregada al Ministerio Público. Pero la Inspectoría General solo envió al MP una parte del informe, donde solo se menciona que el civil Marvin Noel Andino Mascareño fue el sicario en moto que acribilló a Landaverde cuando este se conducía entre la 21 de Octubre y la San Miguel, en el bulevar Los Próceres.
“En el expediente de Landaverde tampoco nos enviaron ese informe que saca EL HERALDO; de hecho, allí se ven los recibos de cada oficina que tienen en la página de enfrente, son de oficinas de la propia la Policía”, dijo una fuente a EL HERALDO.
