Honduras

Expedientes secuestrados salpican a altos oficiales

08.04.2016

Tegucigalpa, Honduras
El titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Óscar Vásquez, no descartó que entre los expedientes que fueron secuestrados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se encuentren casos de algunos que fueron miembros de la cúpula de la Policía involucrados en ilícitos.

La acción se llevó a cabo el pasado jueves en horas de la mañana cuando los elementos de la ATIC buscaban expedientes relacionados con la investigación de la muerte del zar antidrogas Arístides González, asesinado en diciembre de 2009.

“Tendría que revisar cada expediente para determinar el grado (de los policías), pero sí hay miembros de la escala de oficiales y la escala de oficiales se refiere a las escalas I, II y III, que son desde la alta cúpula de los grados más altos de la escala de oficiales hasta la escala más básica de la Policía”, dijo Vásquez.

Estas acciones y la aprobación del decreto para la depuración policial de emergencia se tomaron producto de las revelaciones que hizo EL HERALDO sobre un informe investigativo que inculpa a altos mandos policiales de 2009 en el asesinato del zar.

Vásquez dijo no conocer con exactitud cuántos policías estarían involucrados en actos ilegales mencionados en los expedientes secuestrados, pero que están relacionados con secuestro y extorsión.

“Puntualmente se refería a hechos relacionados con dos tipos de delitos de los que le causan más daño a la población: secuestro y extorsión”, manifestó.

El profesional mencionó que son 136 los expedientes que ya están en poder del Ministerio Público (MP) y que en ninguno de estos hay información relacionada con el crimen del González.

“Estamos hablando de un total de 136 expedientes de los cuales la Agencia Técnica de Investigación, acompañada por los fiscales, hizo el secuestro de los documentos”, mencionó.

Molestia
El día de la intervención, Vásquez se mostró molesto porque aseguró que había llegado al acuerdo de que los documentos se entregarían con base en una programación. Por ese motivo se levantó un acta del decomiso y un grupo de abogados analiza la legalidad de la acción