TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un nuevo juicio inició este lunes en los Tribunales en Materia de Corrupción contra tres de los involucrados en el desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Se trata de exdirector ejecutivo del IHSS, Mario Zelaya Rojas; su exgerente administrativo, Ramón Bertetty; y el subgerente nacional de Ingeniería, Wilmer Rolando Polanco, presuntamente implicados en la millonaria compra sobrevalorada a la empresa Equipos Industriales.
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La tesis acusatoria de la Fiscalía señala que los exfuncionarios violentaron la Ley de Contratación del Estado al emitir cinco órdenes de compra que comprendían suministro e instalación por un monto 25 millones de lempiras que fue sobrevalorado por más de 17 millones de lempiras.
En este proceso también fue acusado José Zelaya, prófugo de la justicia.
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Defraudación
El desfalco al IHSS es considerado como el robo más grande en las últimas décadas en Honduras. Se trató de contratos sobrevalorados, pago de convenios a empresas de maletín, evasiones fiscales y transferencias ilícitas valoradas en 6,399 millones de lempiras.
Cuando el Ministerio Público denunció el caso, se presentaron 15 líneas de investigación contra unas 50 personas que laboraban dentro del IHSS o que tenían vínculos con los empleados.
Los rostros más conocidos por su participación en el millonario fraude son los de Mario Zelaya (entonces director de la institución), José Alberto Zelaya Guevara (considerado el cerebro del fraude), Javier Pastor (exviceministro de Salud), José Ramón Bertetty (exgerente administrativo del IHSS), Michelle Alejandra Rojas (prima de Mario Zelaya), John Charles Bográn, David Cardona, José David Cardona, Ilsa Vanessa Molina (amante de José Zelaya); Vivian Melissa Juárez, Carlos Montes, Carlos Alberto Zelaya Rojas (hermano de Mario Zelaya), Roberto Fuentes Guerra (cuñado de José Ramón Bertetty), Henry Adalberto Gómez y Mario Antonio Rojas, algunos de los cuales fueron condenados.
Además de la chilena Natalia Ciuffardi, quien era amante de Mario Zelaya y fue condenada en su país por lavado de activos a cinco años de libertad vigilada.
