Aunque estos uniformados no tienen formación de carceleros, desde el 2014 el gobierno les viene asignado continuamente este rol, ante la incapacidad de las autoridades de la Dirección de Centros Penales, ahora Instituto Nacional Penitenciario (INP), de mantener un buen gobierno en las prisiones.
Actualmente, el país tiene 28 prisiones en las cuales se encuentra una población de 21,804 reos, según datos del INP. Con los años varios de estos centros penitenciarios, incluidas las cárceles de máxima seguridad se volvieron ingobernables.
Según Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), el instituto armado no es la panacea para mantener el orden y la seguridad en los presidios, pues los coroneles saben de disciplina militar, pero no de régimen carcelario.
No saben nada sobre la conducta de los reos, de los custodios, de los directores, así que su presencia no tendrá mayor impacto, opinó.
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Para este defensor de los derechos humanos, la inestabilidad en las prisiones “redunda alrededor de la corrupción, por ahí hay venta de influencias, venta de celulares, venta de armas, venta de botellas de ron, de marihuana, venta de favor, hay venta de cualquier naturaleza”.
“Hay corrupción a todo nivel, desde las máximas autoridades penitenciarias hasta los custodios. Eso es lo que nosotros creemos que debe controlarse, porque si no se controla la corrupción tampoco vamos a controlar la situación de las muertes violentas al interior de las cárceles”, sentenció.
'Cuando usted conoce perfectamente la situación se da cuenta para que lado tiran aquellos que gobiernan los centros penitenciarios, y no estoy hablando solo de custodios del instituto, estoy hablando de los directores, subdirectores, guardias penitenciarios', lamentó.
Desde el 2014 el Poder Ejecutivo utiliza a los militares como solución para mantener el control de las cárceles, principalmente las más grandes y conflictivas, incluidas las de máxima seguridad, sin embargo el remedio no ha logrado parar la violencia, la sangre y las fugas.
EL HERALDO le consultó al vocero de las Fuerzas Armadas, teniente José Antonio Coello, sobre la formación carcelaria que ellos recibían en la academia, manifestando que “ninguna”. Su labor en los presidios solo es de apoyo a las autoridades penitenciarias, justificó.
Solamente entre el año 2019 y lo que va del 2020 en los centros penales, bajo responsabilidad militar, han perecido violentamente 51 privados de libertad y se han registrado al menos 10 fugas.
La mañana de este lunes un sargento herido fue el resultado del tiroteo registrado en la Penitenciaría Nacional de Támara, confirmó Digna Aguilar, portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
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Bajo mando militar
El 13 de febrero del año pasado, el líder delincuencial Alexander Mendoza, alias “Porky”, como cualquier reo, fue trasladado de la Penitenciaria Nacional de Támara, a los tribunales de justicia de El Progreso, Yoro, donde sus compinches lo rescataron tras acribillar a dos militares que lo custodiaban y a dos policías.El 25 de octubre del año 2019, el reo Marco Tulio Amador fue acribillado a tiros por otro interno, en la cárcel de máximas seguridad conocida como la Tolva, situada en Morocelí, el Paraíso. Esta cárcel estaba bajo la responsabilidad militar.
Posteriormente 26 de octubre, en la cárcel de máxima seguridad de Ilama Santa Bárbara, un militar encapuchado le abrió la puerta de un módulo a media docena de internos que de inmediato acribillaron a tiros y a puñaladas al narcotraficante Nery Orlando López Sanabria, más conocido como Magdaleno Meza, quien fue colocado en un punto estratégico para que sea asesinado.
El 10 de noviembre, tres reos se fugaron la prisión construida a lo interno del Tercer Batallón de Infantería, situada en Naco, Cortés, y que es considerado un anexo de la cárcel de máxima seguridad de Ilama.
El 14 de diciembre del año pasado, en la cárcel de la Tolva, un reo identificado como Pavel Eduardo Flores, alias 'El Sanguinario', acribilló con un arma de fuego a cinco privados de libertad, sin que los militares a cargo del centro explicaran cómo ingresan las armas.
A partir del 16 de diciembre, el gobierno mediante decreto ejecutivo PCM-068-2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, tras declarar emergencia en el sistema penitenciario ordenó la militarización de todas las cárceles y suspendió a las máximas autoridades del INP.
Sin embargo, la militarización oficializada no detuvo la violencia en las presiones ya que el viernes 20 de diciembre 18 presos murieron en un tiroteo en el penal de Tela, Atlántida. Dos días después otra reyerta en la prisión de El Porvenir, Francisco Morazán, dejó un saldo de 19 reclusos muertos, muchos a causa de disparos de pistolas automáticas.
En el 2020 tampoco ha cesado la violencia y los escapes en los centros de privación de libertad. El 3 de marzo de 2020, las autoridades de la Secretaría de Seguridad informaron que seis reos se fugaron de la Penitenciaría Nacional.
La medianoche del sábado 23 y madrugada del domingo 24 de mayo reciente, seis reclusas de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFA), ubicada en Támara, perecieron tras ser atacadas a cuchilladas por otras internas. Esta cárcel también está a cargo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) conformada por militares y policías.
El 29 de junio en el módulo de máxima seguridad de Támara, cuando dos policías militares sacaron a dos reclusos que descargaron dos pistolas automáticas sobre la humanidad del pandillero Ricky Alexander Zelaya Camacho, conocido con el alias de Boxer Hiuber.
En la mañana de este lunes, el módulo 1 y 2 de procesados y en el módulo número 2 de los sentenciados de la Penitenciaria Nacional de Támara, reos atacaron con armas de fuego a la seguridad interna del penal que actualmente está bajo administración militar, dejando como saldo a un sargento herido, el cual fue traslado al Hospital Militar para que recibiera asistencia.
En la mayoría de los amotinamientos y de los crímenes cometidos a lo interno de las cárceles comunes y de máxima seguridad están las pistolas automáticas, sobre las cuales ninguna autoridad penitenciaria dice saber cómo llegaron a manos de los presos.
Corrupción
Para la comisionada Glenda Ayala, del Comité de Nacional de Prevención (Conaprev), la corrupción a todos los niveles en los centros penitenciarios, la falta de clasificación de los reos y el incumplimiento de las leyes, son tres factores que están generando la violencia y criminalidad dentro de las cárceles del país.“La corrupción dentro de los funcionarios penitenciarios está a la orden del día, mientras no se erradique o por lo menos se disminuya este problema vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones violentas a lo interno de los centros para privados de libertad', sostuvo Ayala.
“Encontramos una debilidad en muchos de los funcionarios que entran en este círculo de corruptela dentro de las cárceles para de alguna manera evadir el cumplimiento de su condena o perpetuar hechos violentos como los que están ocurriendo”.
Ahora resulta que “igual son de peligrosos lo que están cuidando como las personas que están ahí adentro, facilitan los medios para la ejecución de estos asesinatos que nos parecen a nosotros escalofriantes y de mucha preocupación”, expresó.
Según ella, por tanta corrupción las autoridades perdieron el control de las cárceles, cuyos gobiernos está en manos de los privados de libertad, que imponen reglas que muchas veces atentan contra la vida de los demás internos.
Desde hace años, el Conaprev ha recomendado un verdadero tema de gestión penitenciaria, un sistema impregnado de una base ética tanto del funcionario que está arriba a la cabeza del INP hasta el último elemento penitenciario: “Pero al ver la intervención muchas veces desorganizada, que no atiende a criterios de política criminal vemos pues que los resultados serán estos que tenemos ahora”.
En el manejo del sistema penitenciario el Estado tiene un marco normativo adecuado, con un componente humanitario, que prohíbe la tortura, los tratos inhumanos y degradantes, que establece que hacer cuando haya hacinamiento, pero “el problema no es de leyes, es de que no tenemos funcionarios capacitados para aplicarla y por eso no se están dando las respuestas que esperamos”.
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Hoy miramos a un militar controlando las prisiones, “y es alguien que jamás en su vida ha leído el artículo 4 de la Ley del Sistema Penitenciario que le prohíbe la tortura y que aun así ejecuta su arma y le saca un ojo a un privado de libertad porque le está insistiendo que lo lleve hacer sus necesidades fisiológicas, estos casos son los que el mecanismo documenta, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estos casos no salen a la luz? ¿Por qué el sistema penitenciario no informa qué es lo que está ocurriendo con esto?”, cuestionó Ayala.
La comisionada sostuvo que como mecanismo nacional le han apostado fuertemente al tema de la Academia Penitenciaria y a la formación integral que debe de tener la gente responsable de las cárceles del país. “El Conaprev demanda de la autoridad el fortalecimiento de la academia penitenciaria para que cese la militarización en los centros de privación de libertad”, exigió Ayala.
