TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público indaga un total de seis denuncias relacionadas con supuestos actos de corrupción cometidos por funcionarios y empresarios durante la crisis sanitaria del coronavirus.
Una de las denuncias se refiere a la falta de insumos de bioseguridad para el personal médico de la zona occidental del país.
“Se ha denunciado que a los hospitales públicos de Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara no ha llegado equipo de bioseguridad y esta es otra de las investigaciones que está en curso”, informó Yuri Mora, vocero del Ministerio Público.
En el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula se investiga la pérdida de material de bioseguridad utilizado para el combate de la pandemia del Covid-19.
La denuncia pública fue formulada por las propias autoridades regionales del Seguro Social y, en ese sentido, se comenzaron a tomar las primeras declaraciones en los departamentos de Administración, Seguridad y Personal Médico.
El caso refiere que posiblemente el personal de la institución habría participado en la pérdida del material de vital importancia para enfrentar el coronavirus, entre ellos, mascarillas y otros insumos.
Otra de las denuncias es la investigación que se abrió por la venta de insumos médicos (mascarillas, guantes, gel) que presuntamente fueron adquiridos con recursos estatales.
“Lo que se investiga, sobre todo porque sale en redes sociales, para ver si hay algún vínculo con algún empleado de salud pública o funcionario”, manifestó el vocero del Ministerio Público.
Esta investigación se extendió a Tegucigalpa, San Pedro Sula y Olancho.
A la lista se suma la denuncia por el abandono del hospital móvil en Villanueva, Cortés. Según la información preliminar en poder del Ministerio Público, las autoridades gubernamentales determinaron instalar en Villanueva el recinto móvil para atender a pacientes diagnosticados con coronavirus y así descongestionar los hospitales Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez de San Pedro Sula.
Sin embargo, han pasado varias semanas y la instalación negligentemente no está en funcionamiento y se confirmó mediante inspección de campo su estado de abandono y que no cuenta con los servicios básicos necesarios, denunció el Ministerio Público.
La otra denuncia se trata de una investigación que abrieron los fiscales en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) por supuestas irregularidades en la compra de insumos médicos y otros artículos como percoladoras, televisores y camas.
Esta última investigación es frenada por la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos, donde se establece que antes de una investigación debe existir un informe de Tribunal Superior de Cuentas. Se tiene previsto que en las próximas horas se tomen declaración a los funcionarios involucrados en las compras.
