TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dispuesta a que ella y su núcleo familiar sean investigados, reaccionó ayer la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, después de que versiones no oficiales afirmaran que los 3,000,000 de lempiras que supuestamente recibió el juez Marco Vallecillo eran para su esposo, José Luis Melara.
Obando aseguró estar dispuesta a ser investigada, mas no a claudicar en su cargo, y en cuanto a su cónyuge, afirmó que él está atravesando una enfermedad, por lo que hace tres meses abandonó el país, sin precisar dónde se encuentra.
“Tengan la certeza de que nosotros como magistrados, y mi persona a quien han querido inferir esas atribuciones que no son ciertas, son totalmente falsas”, desvirtuó Obando. Incluso retó al Ministerio Público a que haga lo que debe hacer hasta llegar a las últimas consecuencias.
Cuando los medios de comunicación le consultaron en reiteradas ocasiones si era cierto que los tres millones eran para el esposo de una “altísima funcionaria” (ella en este caso), contestó que “no se dejen llevar por especulaciones; jamás me van a encontrar algo a mí o a mi familia”.
Reveló que “mi esposo está pasando por una enfermedad y tiene casi tres meses de estar fuera del país; no sé cómo, desde dónde está, puede hacer este tipo de actos”.
La captura del pasado sábado del juez Marco Vallecillo dejó un mar de incógnitas debido a que, al momento de ser aprehendido, recibió tres millones de lempiras de un testigo protegido para supuestamente ofrecer cierre administrativo o, en su caso, sobreseimientos en sus causas.
La magistrada presidenta del Poder Judicial (PJ) aseguró que, por estos involucramientos, ella no renunciará a su cargo: “¿A cuenta de qué tengo que deponer mi cargo? A la gente que trabaja bien la quieren apartar, y a los que no, quieren mantenerlos para que les hagan los mandados”.
Entre las vinculaciones de Obando con Vallecillo, la presidenta manifestó que su relación solo es la “que tiene todo jefe con el juez. Los jueces tienen la independencia para resolver; jamás he dicho qué hacer”.
Sobre los jueces corruptos, advirtió que “todo funcionario que vaya en contra de la ley o que cometa algún acto reñido con la misma, tendrá que pagar por los actos cometidos”.
Supervisión en fases
Tras lo sucedido, el Poder Judicial instaló una mesa de Supervisión General para iniciar hoy el proceso de intervención en el Circuito Jurisdiccional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.
Al obtener resultados, se derivarán los procesos investigativos individualizados a la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, en observancia al proceso disciplinario señalado en la Ley y Reglamento de la Carrera Judicial, con el propósito de que se apliquen las sanciones que correspondan.
Asimismo, de manera simultánea, con base en las investigaciones que se realicen, si aparecieran cargos que configuren supuestos ilícitos por parte de los jueces o sus auxiliares, se remitirán los expedientes al conocimiento del Ministerio Público para que se siga el procedimiento de ley.
Esta mesa quedó constituida en fases. Para la primera fase, se considerará como punto de partida de la Inspección General, a partir de la fecha de unificación como Circuito, para el desarrollo de las respectivas investigaciones y diligencias de vigilancia judicial.
En una segunda fase, se realizará la derivación de las denuncias individualizadas que se encuentren producto de las investigaciones.
En la tercera fase, se llevará a cabo el proceso disciplinario por parte de la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial y, si existieren indicios de responsabilidad penal, la remisión de expedientes al conocimiento del Ministerio Público.
Finalmente, en la cuarta fase, se implementarán recomendaciones y acciones de mejora.
“No vamos a tocar el fondo de las actuaciones que se han hecho, pero sí vamos a verificar la tramitación de cada una de las causas”, explicó la coordinadora de Supervisión de Tribunales del Poder Judicial, Sandra Rodríguez.
