TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Óscar Fernando Chinchilla, fiscal general hasta el 31 de agosto, salió hacia Nicaragua el domingo 3 de septiembre para fungir como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) hasta el 2027, órgano que se encuentra en dicho país.
La partida del abogado en efecto se dio para unirse al órgano de justicia centroamericano del cual ya había sido electo en 2017 y pidió un permiso especial por estar al cargo del Ministerio Público en Honduras.
El mandato de Chinchilla es por 10 años y en 2027 concluirá, pero eso no indica que deberá de radicar en Nicaragua pues los estatutos de la Corte no establecen que sus magistrados suplentes (puesto que él tendrá) vivan en el país sede del ente de justicia regional.
La única excepción en la cual se dictamina que residirán en Nicaragua es para los magistrados titulares y el secretario general, en el caso de Honduras la magistrada titular es Vera Sofía Rubí.
“No se indica que quienes integren la Corte de Justicia vivirán en este caso en Nicaragua o que el órgano les dará una vivienda, ellos deben estar viajando y al final ellos son como unos diplomáticos”, explicó el experto en derecho internacional, Graco Pérez.
Los magistrados “gozarán de las inmunidades y prerrogativas acordadas a los jefes de las misiones diplomáticas y no podrán en ningún momento ejercer función pública o administrativa, con excepción de la docencia”, cita en sus partes el convenio de la CCJ.
Entre los requisitos para estar en el puesto está la “alta consideración moral y un alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad”, reza el convenio del ente.
El artículo 28 del convenio de la CCJ establece que los magistrados y el secretario general gozarán en el país sede de las inmunidades y privilegios establecidos en el acuerdo sede celebrado entre la Corte y el gobierno de ese país.
La Corte de Justicia Centroamericana es el órgano judicial principal y permanente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y su jurisdicción y competencia son de carácter obligatorio para los Estados que están en el SICA.
