TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La estadía en prisión de los exconcejales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se extenderá por los menos durante la próxima semana.
La Sala Constitucional del Poder Judicial admitió los recursos de amparo presentados por la defensa técnica de los exintegrantes del Consejo de la Judicatura y la Carrera del Poder Judicial.
Pero esto no significa que los exconcejales quedarán libres, la Sala dejó pendiente la suspensión del acto reclamado, es decir, de las medidas de privación de libertad que están purgando los exfuncionarios.
El pronunciamiento se hará después, una vez que sean enviados los antecedentes por parte del Juzgado de Letras y Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción.
A los exconcejales el Ministerio Público (MP) los acusa de cometer unos 600 delitos y se les supone responsables de haber desviado 13.5 millones de lempiras cuando estuvieron en funciones.
Guarda prisión en el primer Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas (FF AA) desde el miércoles anterior el expresidente de la CSJ y del Consejo de la Judicatura, Jorge Rivera Avilés.
También el exvicepresidente del desaparecido ente, Teodoro Bonilla, quien cumple condena por el caso Shalom. En las celdas frías de Primer Batallón también están privados de libertad los exconcejales José Francisco Quiroz y Celino Aguilera.
El único que sigue en libertad es Julio Barahona, quien solicitó un permiso a la jueza para presentarse después, por problemas personales.
Mientras que la exconcejal Liliam Maldonado guarda prisión en una celda especial de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de Támara.
Los apoderados legales de los seis exfuncionarios, que fueron encargados de aplicar la justicia en Honduras, estaban a la expectativa de la resolución debido a que pujaban para que sus clientes recuperen la libertad.
Revisión
Carlos Silva, vocero del Poder Judicial, explicó que la Sala Constitucional solicitó los antecedentes del caso de los exconcejales a la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
Lo mismo hizo con el Juzgado de Letras en Materia de Corrupción para que en un plazo de 24 horas remita los expedientes y los antecedentes de todo el proceso llevado. Una vez hecha la revisión de la documentación, se referirán sobre si procede o no la petición del acto reclamado en el amparo, que tiene como fin la libertad de los exfuncionarios del Poder Judicial.
Silva detalló que el plazo vence hasta próximo lunes, ya que las 24 horas son en día hábiles y como ayer era viernes, el sábado y domingo no abarca el tiempo.
Según el vocero judicial, los magistrados consideraron que los seis amparos presentados por las defensas están bien sustentados y, por eso, determinaron conocer a detalle todas las acciones que se han desarrollado en todo el proceso.
“Actualmente los exmiembros del Consejo de la Judicatura deberán continuar con las medidas que se les impuso por parte de la jurisdicción en materia de corrupción”, precisó Silva. Marcelino Vargas, apoderado legal de Teodoro Bonilla, afirmó que “no es posible que los exconcejales puedan salir la otra semana”.
Explicó que la determinación de la Sala Constitucional de resolver el recurso de amparo sin suspensión del acto reclamado indica que se debe seguir el proceso ordinario.
Esto significa que se debe sustentar los trámites de la acción de amparo y que la CSJ se pronuncie sobre el fondo de la acción que ya fue planteada. Consideró que como defensa no hay mucho que hacer, porque la resolución de prisión preventiva de la Corte de Apelaciones debe seguirse cumpliendo mientras se desarrolla
el proceso.
