TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Diferentes sectores de la sociedad civil propusieron nombrar una comisión interventora en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que busque reorientar su compromiso en el combate a la corrupción.
“Si dentro de los próximos dos años el Tribunal Superior de Cuentas sigue con esta dinámica, lo más posible es que se va a tener que intervenir, porque estamos viendo las mismas características del Registro Nacional de las Personas, hay una distribución de cuotas de partidos políticos y eso en términos de los empleados se convierte en cuotas de impunidad y corrupción”, expresó Lester Ramírez, representante de la sociedad civil.
“Nosotros quisiéramos que el TSC tomara una nueva ruta pero ya lleva tres años, no hemos visto resultados, ahora mismo se acabó la cooperación del programa Umbral en materia de enriquecimiento ilícito. Seguimos sintiendo que el TSC, más que un apoyo a la lucha contra la corrupción, está convirtiéndose en un obstáculo”, precisó.
En los últimos años, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) se ha convertido en un observador constante del comportamiento de las autoridades del TSC. Un informe de ese ente señala que los nuevos magistrados del TSC no han tenido los resultados esperados, considerando los grandes desafíos que afronta la institución contralora y el mismo sistema de controles públicos que rectora. El desafío con las auditorías municipales es sumamente preocupante, pues no se observan mejoras de ningún tipo y la preferencia por auditar municipios pequeños deja desatendidos los que consumen más presupuesto, realizan grandes contrataciones públicas y tienen una cobertura más amplia de servicios públicos, indica el documento.
“Hemos recibido información de que hay auditores del TSC que están traficando información para esconder hallazgos de pliego de responsabilidad”, denunció Ramírez. La mora que el TSC arrastra desde hace diez años en materia de pliegos de responsabilidad es tal que ni la misma institución la ha podido cuantificar desde el primer pleno, manifestó. Y, sobre la contratación de auditores internos en las diferentes alcaldías, aseveró que el TSC sigue insistiendo en que sean las alcaldías quienes los escojan de una nómina de cinco candidatos. “Los riesgos que se pueden producir cuando una corporación municipal que pueda ser controlada por un partido, brinde y ponga a su auditor interno, pero según los magistrados del Tribunal, eso es necesario”, manifestó.
