Este 19 de enero termina el acuerdo de cuatro años. Ante ello, el 27 de diciembre recién pasado, el gobierno hondureño y el organismo interamericano instalaron una “ mesa de trabajo” para dilucidar el seguimiento o no de la misión.
A pesar de que se trata de un asunto público, las pláticas se han manejado de manera misteriosa y secreta. Nadie sabe qué negociaron.
Las negociaciones se dan en medio de la renuncia de la vocera de la Maccih, Ana María Calderón, conocida este martes de manera pública, pero interpuesta desde el pasado 2 de enero al secretario de la OEA, Luis Almagro.
Ante el hermetismo, la permanencia o no de la Maccih se desconoce. En caso de seguir, no se sabe si lo hará como ha venido trabajando, o se plantearán reformas al convenio, lo que significaría una aprobación del Congreso Nacional, donde los diputados del ala oficialista junto a otros aliados de otros partidos políticos ya mostraron su rechazo.
Para el reconocido profesional del derecho Nery Velásquez, la mencionada secretividad es una pena, y más cuando viene de la OEA, la cual está llamada a “incentivar la cultura de lo público, para que todo lo público se vuelva público”.
19 de enero de 2020termina el convenio de la Maccih entre Honduras y la OEA. |
Velásquez reconoció que la misión tras organizarse comenzó a realizar un buen trabajo, tanto en el combate de la corrupción como en el fortalecimiento institucional que pasa por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Por un lado la presencia de la Maccih vino a sembrar en los hondureños la esperanza de una verdadera lucha frontal contra la corrupción; mientras que en el otro extremo infundió temor en los congresistas y funcionarios públicos no acostumbrados a rendir cuentas.
Desde el inicio, la clase política y ciertos operadores de justicia no vieron con buenos ojos la presencia de la misión.
La alergia que ella les provoca se incrementó el 13 de diciembre de 2017 cuando presentó ante la justicia su primer caso, denominado “Red de diputados”. Desde este momento la labor de la Maccih comenzó a experimentar un bloqueo proveniente del Congreso Nacional.
El hecho de que el 5 de febrero de 2018 su entonces vocero Juan Jiménez Mayor alertara de que unos 140 diputados que manejaron fondos públicos eran objetos de investigación también llevó a los congresistas a cerrar filas y establecer una coraza para protegerse y así no ir a parar a la cárcel.
En los cuatro años de presencia en Honduras, la misión junto con su brazo operativo -la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic)- presentó ante los tribunales 11 casos de corrupción, sometiendo a la justicia a 112 personas.
112personas han sido sometidas a la justicia en 11 casos de corrupción presentados por la Maccih-Ufecic. |
El trabajo de la Ufecic-Maccih actualmente tiene en prisión a la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y a su entonces secretario Saúl Escobar, condenados a 58 y 48 años de prisión respectivamente.
Asimismo, están presos Jacobo Regalado, exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y el exministro del ahora extinto Soptravi, Miguel Rodrigo Pastor, relacionados con diversos actos de corrupción.
En cuatro requerimientos, de los once llevados a los tribunales de justicia están involucrados diputados y exdiputados.
En el caso 'Red de diputados' resultaron implicados cinco parlamentarios (ahora exdiputados): tres del partido Va Movimiento Solidario (Vamos), uno del Partido Liberal y otro de Libertad y Refundación (Libre).
En el caso llamado 'Pacto de Impunidad', cuatro congresistas del Partido Nacional fueron acusados, dos de ellos fueron sobreseídos definitivamente y dos tienen auto de formal procesamiento.
Asimismo, en el 'caso Pandora', llamada así a la investigación del despilfarro de 282 millones de lempiras drenados del presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, dos de los 38 acusados son diputados del Partido Nacional y uno es Liberal.
Por otro lado, en el caso “Arca Abierta”, denominada así a la malversación de 21.1 millones de lempiras a través de la asociación 'Planeta Verde' de los 21 requeridos cinco actualmente son diputados del Partido Nacional, mientras que otros cuatro son exdiputados de la misma institución política; también hay otros dos relacionados al Partido Libertad y Refundación y al Unificación Democrática.
En total, diez de 12 diputados enjuiciados actualmente tienen auto de formal procesamiento y se defienden en libertad.
De acuerdo con Velásquez, ahora que está por vencerse el acuerdo de la Maccih el pueblo hondureño quiere una ratificación del convenio sin mayores discusiones, porque “si hay una reforma por muy mínima que sea, esta pasaría al Congreso Nacional y ahí hay muchas de las personas que fueron requeridas judicialmente y eso significa que ellos no van a votar por la ratificación”.
Blindaje y boicot
El trabajo de la Maccih no solo logró conducir a un centenar de involucrados en actos de corrupción a los tribunales de justicia, sino que también llevó a que los opositores de la transparencia se expusieran públicamente al verse amenazados. Si hay una reforma por muy mínima que sea, esta pasaría al Congreso Nacional y ahí hay muchas de las personas que fueron requeridas judicialmente. |
En el informe de evaluación de la misión, realizado entre la OEA y el gobierno hondureño, se expuso que ante el asedio de la Maccih-Ufecic, los congresistas han aprobado una serie de leyes que de alguna forma representan un retroceso en la legislación anticorrupción.
El 8 de agosto de 2017 aprobaron la reducción de penas al delito de malversación de caudales públicos.
Mientras tanto, el 6 de marzo de 2018, el abogado Juan Sánchez Cantillano, en representación de Geovanny Castellanos Deras, Jeremías Castro Andrade y José Napoleón Pancham'e Banegas, interpuso un recurso para que se declarara inconstitucional el convenio de la Maccih contenido en el Decreto Legislativo N° 23-2016, emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha 17 de abril de 2016 y publicado en La Gaceta número 34,015 el 23 de abril de 2016.
Aunque la Sala de lo Constitucional, el 29 de mayo de 2018, por un lado determinó que el convenio está dentro del marco constitucional, por otro quiso desmantelar la legitimidad de la Ufecic bajo el argumento de que esta unidad violentaba la independencia del Ministerio Público.
Ante la resolución judicial, el Ministerio Público respondió que la Ufecic fue creada mediante un acto que no tiene rango de ley, sino de acuerdo reglamentario y, por lo tanto, no es susceptible a ser recurrido por la vía de la inconstitucionalidad.
La Fiscalía acusó a la Sala de lo Constitucional de ignorar intencionalmente que el Ministerio Público tiene independencia funcional, lo que le permite elaborar e implementar acuerdos y reglamentos necesarios para el desarrollo eficiente de sus funciones.
Asimismo, en los últimos tres años el legislativo ha discutido y aprobado reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que debilitan las atribuciones de auditoría y fiscalización del Tribunal y la independencia del Ministerio Público.
En el 2019 el Congreso Nacional también aprobó un nuevo Código Penal que reduce las penas y plazos de prescripción penal.
Por otro lado, el Congreso Nacional se resiste a la aprobación del proyecto de Ley de Colaboración Eficaz, una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción y el crimen organizado; igualmente ha ignorado la petición de derogación de la Ley de Secretos, la cual funciona nada más como una normativa que fomenta la corrupción y la impunidad.
En otro ataque a la Maccih, el 5 de diciembre de 2019, aun sin tener competencia, el Congreso Nacional, en un acto que la población calificó de desesperado, nombró una comisión especial para evaluar el trabajo de la misión, tras una moción presentada por el diputado nacionalista Raúl Bulnes.
Luego, el 10 de diciembre, esta comisión presidida por Felícito Ávila, quien un día fuera dirigente obrero, recomendó no renovar el convenio argumentando “múltiples violaciones a los derechos, garantías y principios constitucionales”.
Tras la lectura del informe en el pleno legislativo, se sometió a votación la decisión de pedirle al Ejecutivo que no renueve el acuerdo con la OEA, aprobándose con una votación de 71 diputados a favor y 57 en contra.
10 de diciembre de 2019Una comisión del Congreso Nacional recomendó no renovar el conveniola Maccih. |
Para el padre German Cálix, director ejecutivo de Cáritas de Honduras, el secretismo con que se está manejando las negociaciones para la continuidad o no de la Maccih es preocupante desde todo punto de vista.
Recordó que “un principio de la democracia es que el pueblo debe estar informado. No puede haber democracia sin información suficiente y sin que el pueblo pueda opinar sobre lo que está sucediendo, sobre su destino”
A criterio de Cálix, lo mínimo que podría hacer la OEA es obligar al gobierno para que de a conocer el tratado. Además es al gobierno que le corresponde dar cuenta de sus actos a la población.
Recordó que en una encuesta que hizo a finales del año pasado el Centro de Estudios para la Democracia ( Cespad) aparecía que el 65% de la población hondureña estaba pidiendo que la misión siguiera en el país, tras considerar que su tarea había dado un aporte a la lucha contra la corrupción.
Desestimar la tarea de la Maccih sería mirar con ojos de miopía lo que realmente está pasando en el país, dijo Cálix, tras rememorar también que la encuesta del Cespad reveló que el 93 por ciento de los hondureños consideran que el gobierno no está haciendo absolutamente nada para combatir la corrupción.
“Queremos saber cuales son las modificaciones que se le quieren hacer al convenio, porque como decía un analista con cualquier pequeño cambio tendría que ir al Congreso y todos sabemos que el Congreso ha sido la instancia que más se ha opuesto al trabajo de la Maccih, señaló.
