¿Donde están las instalaciones de la Fundación para el Desarrollo Comunitario Cynthia Marina (Fundecima)?
¿Cual es la labor que desempeña la organización y en qué lugares del país?
¿ Por qué no hay registro de sus estados financieros en la Unidad de Registro y Seguimiento de las Asociaciones Civiles (Ursac) de la Secretaría del Interior y Población?
Estas son las interrogantes que se mantienen tras el escándalo del millón 125 mil lempiras en efectivo encontrado a la esposa del exministro de Finanzas, Héctor Tito Guillén, cuando se conducía a la ciudad de San Pedro Sula a bordo de un vehículo Ford F-150 versión Harley Davidson.
Y es que en los registros de la secretaría del Interior apenas se encontró un expediente matriz de la organización que contiene los nombres de los miembros que conforman la junta directiva, sin precisar una dirección, un número de teléfono válido y los estados financieros de la fundación.
El expediente, en el que consta toda la información de respaldo de la fundación, fue mostrado a EL HERALDO por Jorge Montes, director de la Ursac.
El documento es el 2006-000-362, el cual en lugar de los estados financieros contiene una nota con fecha 2 de febrero de 2010, en la que se argumenta que no se presentó la información por motivos ajenos que no son explicados
El documento textual reza: “Que no se presenta informe de estados financieros ni actividades realizadas en virtud de que dicha fundación, por motivos ajenos a su voluntad, está iniciando labores hasta en esta fecha”.
Este documento fue firmado por María Elena Matute de Hernández (cuñada del titular del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández), quien aparece como apoderada legal de Fundecima, según la carta poder otorgada por Denis Figueroa Funes, presidente de la organización.
En declaraciones a los medios de comunicación, el apoderado legal de Figueroa, Tito Hernández, ha señalado que es normal que una organización cambie su domicilio y números de teléfono, sin precisar el paradero de Fundecima.
Deficiencias
El misterio alrededor de la organización ha puesto en entredicho el deficiente control que ejerce el gobierno a las diferentes asociaciones civiles que se supone operan en el país.
La muestra es que hasta ayer, tras ponerse en evidencia el desorden que existe en la supervisión de las aproximadamente 16,000 organizaciones y fundaciones existentes, la secretaría del Interior y Población emprendió las primeras acciones.
En su página web, la Secretaría de Interior, a través de la Unidad de Registro y Seguimiento de las Asociaciones Civiles, urgió a las diferentes organizaciones y fundaciones que no están inscritas en dicha unidad a presentarse “lo más antes” para acreditar toda su información.
El llamado, con carácter de “urgente”, fue realizado a las diferentes organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas de desarrollo financiero, patronatos, juntas de agua, iglesias, asociaciones sin fines de lucro y asociaciones en general.
“Se les avisa que deben presentarse lo más antes a esta unidad en la colonia Tepeyac... Atendiendo el acuerdo ejecutivo número 770-A-2003”, dice el llamado de la Secretaría del Interior.
