TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el veto de la presidenta Xiomara Castro a la controversial Ley de Educación Integral de Prevención de Embarazos Adolescente, ¿qué es lo que sigue una vez y sea devuelto al Congreso Nacional?
El abogado constitucionalista Oliver Erazo, explicó a EL HERALDO cuál es el proceso que se debe seguir desde el Poder Legislativo para tratar dicha ley.
Una vez que el proyecto llega al Congreso vetado por el Poder Legislativo, la junta directiva del Congreso lo someterá a una nueva deliberación y posteriormente a una votación en la que se requieren dos terceras partes de los votos para ratificarlo, dijo.
“El artículo de la Constitución de la República 216 es claro, dice que cuando el Ejecutivo devuelva el proyecto al Congreso, este lo someterá a una nueva deliberación, y votación, si el pleno no esta de acuerdo con el veto de la presidenta, entonces van a poder hacer uso de las dos terceras partes de los votos para ratificarlo constitucionalmente y se manda directamente a publicar sin tardanza en el diario Oficial La Gaceta”, explicó.
El experto en Derecho considera que eso no pasará, pues cree que no se alcanzará la mayoría calificada para ratificar la polémica ley que ha causado una serie de debates entre los sectores del país.
En el caso de que no fuese ratificado el proyecto deberá ser desechado y no podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura.
“Así lo establece el precepto constitucional en su artículo 220, ningún proyecto de ley desechado total o parcialmente podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura; entonces lo más sano para el país es que el veto vuelva al Congreso se someta a una nueva deliberación si no se aprueba, porque no creo que logren las dos terceras partes para ratificarlo constitucionalmente, ya que no es un proyecto de ley que importe dentro de la agenda legislativa a los partidos de oposición; entonces lo que tendrá que hacerse es crear un nuevo proyecto de ley, socializarlo, discutirlo y someterlo en la próxima legislatura para ver si pasa”, detalló el abogado.
Veto
El pasado 29 de julio, la presidenta Castro veto la Ley por considerarla que no cumplía con la finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes; la decisión de la mandataria fue conocida a través de una publicación en la red social Twitter una semana después de la multitudinaria marcha que padres de familia, la iglesias católica y evangélica, junto a otros sectores realizaron en al menos siete ciudades del país.
Entre las justificaciones del veto se establece que la normativa “adolece de una respuesta adecuada a los valores inherentes de la educación en el hogar, a las demandas de comunidades de madres y padres de familia, igual que de científicos y médicos especialistas; en armonía con la Secretaría de Educación, Salud, Desarrollo Social y otras organizaciones del Estado”.
Señala que es necesario definir claramente el papel de cada sujeto obligado, integrando a los diferentes sectores mencionados desde la formulación de la ley, definición de políticas públicas y medidas adecuadas para la prevención de los embarazos de niñas y adolescentes.
Los sectores que se oponían a la ley están satisfechos con la decisión; sin embargo, reconocen que los embarazos en adolescentes es un problema que se debe tratar de manera urgente. En ese sentido desde el movimiento por Nuestro Hijos se esta trabajando en una propuesta de ley.
“Realmente hubo eco a raíz de la marcha donde nos acompañaron tantas familias, entonces ahora queremos ser parte de esta comisión que se vaya a realizar para poder hacer una nueva ley, nosotros como movimiento vamos a presentar una propuesta de ley de derechos parentales y estamos trabajando en propuestas para tener unas guías o lineamientos en lo que es educación sexual”, dijo Patricia de Suazo, representante del movimiento.
La madre de familia puntualizó que estarán como veedores para asegurarse que se cree una ley que no contenga ideología de género. “Queremos asegurarnos que esto no tenga matices de ideología de género, por que aunque digan que no, la ley que aprobaron si las tenía, entonces vamos asegurarnos que esta ley no tenga nada que ver con eso, no vamos a permitir que se confunda a nuestros hijos, que se le adoctrine o que se intente meter ideas. Vamos hacer una ley de educación sexual basada en la biología”, dijo.
Por su parte, el ministro de Educación Daniel Sponda, señaló que el veto es una oportunidad para que los sectores demuestren la capacidad de concertación.
“El veto que ha dado la presidenta a esa controversial ley es una estupenda oportunidad para que todos los sectores, tanto el gubernamental, la iglesia, las madres y padres de familia y las organizaciones interesadas en el tema podamos demostrar al pueblo hondureño que tenemos capacidad de concertar; y ese es el llamado que le quiero hacer a todos los sectores, urgen los diálogos, la concertación y el entendiendo, porque en nuestro país estamos viviendo un flagelo terrible, son centeneras de miles de niñas embarazadas por causa del abuso sexual”, indicó.
Sponda dijo que espera las propuestas de los diversos sectores para elaborar un proyecto de ley que cuente con el visto bueno de los padres de familia, la secretaría de Educación y las iglesias.
Los padres de familia desde que se aprobó la polémica ley el pasado marzo han venido denunciando que lo que se pretende es imponer ideologías de género de organizaciones internacionales.
EL HERALDO buscó la opinión de representantes del El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Honduras (Unicef) sobre el veto de la presidenta; sin embargo, manifestaron que en los próximos días emitirán un pronunciamiento.
