Tegucigalpa, Honduras.- El posible cierre de la base militar de Estados Unidos en Honduras, mejor conocida como base militar de Palmerola, es considerado por algunos sectores como un “chantaje” y el “inicio de una crisis económica” para el país, mientras que para otros es una forma de protección para los migrantes.
El primer día del año 2025, la presidenta de la República, Xiomara Castro, invitó a dialogar al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema de las deportaciones masivas de connacionales, una medida que ha sido anunciada por el magnate desde su campaña.
De no obtener una respuesta que beneficie a ambos países, Honduras cerraría la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, ubicada en la Base Aérea Soto Cano, también conocida como Palmerola, en Comayagua, que opera desde 1982.
Para muchos la advertencia de la mandataria es una forma de hacer entender a su homólogo estadounidense la importancia de mantener las relaciones diplomáticas, para otros es una forma “patética” de obligar a un país a obedecer sus medidas.
Para el precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, por ejemplo, esta decisión no solo compromete la relación histórica con EUA, sino que podría traer graves consecuencias económicas.
“Un conflicto de esta magnitud abriría la puerta a aranceles devastadores para nuestras exportaciones, golpeando de lleno a nuestra ya frágil economía y dejando a miles de hondureños sin sustento. Honduras necesita aliados, no confrontaciones absurdas. La cooperación con EE. UU. ha sido clave para el empleo, el comercio y el desarrollo. Este tipo de amenazas irresponsables solo llevan a más pobreza y caos”, denunció.
En el caso de Eduardo Facussé Salomón, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, catalogó como “patético intentar chantajear a Estados Unidos para que acepte la migración ilegal a cambio de mantener una base militar que es instrumento legal de colaboración. Armar berrinche y patalear no solucionará la pobreza ni el subdesarrollo, pero demuestra que la miseria no es material sino mental”.
Agregó: “La pobreza, desempleo y subdesarrollo no se combaten amenazando nuestro mayor aliado comercial y migratorio. Se combaten con diálogo colaborativo, seguridad jurídica, y una política económica que estimule el sector agrícola, construcción y manufactura. Reflexionen por favor”.
El pensamiento del presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) Adolfo Facussé va en relación a la posible crisis económica que tendría el país. “Tenemos que pensar seriamente qué pasaría si perdemos los más de $9,000 millones de remesas familiares que ingresan anualmente. Ningún préstamo va a sustituir eso, los aliados Cuba, Venezuela y resto del Foro de São Paulo no van a venir a salvar la economía hondureña con una cantidad similar”, cuestionó.
“Quiera o no quiera el gobierno de Libre de doña Xiomara no va a tener ni un cinco para pagar la propaganda que hacen sobre las obras que están o que prometen que estarán emprendiendo. Tampoco tenemos empleo suficiente, ni atractivo para los migrantes”, concluyó.
El político y general retirado, Romeo Vásquez Velásquez, mencionó que “como soldado de esta patria, les advierto: cerrar Palmerola sería entregar nuestra seguridad nacional a los intereses oscuros de un gobierno que ya eliminó la extradición”.
La otra cara de la moneda
El gerente de cooperación del Instituto Nacional de Migración, Wilfredo Serrano, señala que la posición del gobierno ante una posible masiva deportación de migrantes hondureños es la correcta, ya que pierde la razón de ser la base militar de Palmerola.
“Hay algunos factores que evitan la posibilidad de que Honduras pueda despegar en algunos temas, hay hacer un llamado al gobierno entrante de los Estados Unidos (para tener) la disponibilidad de este país a un diálogo”, Serrano externó.
Argumentó que “no hay razón para que sigamos cooperando con alguien que persigue, que criminaliza y que ve al hondureño como un delincuente y no como un ser humano que llega trabajar”.
Para el canciller Reina, “se debe continuar con una relación fructífera de amistad, diálogo y cooperación recíproca en muchas áreas”, pero, “si esas condiciones cambian, como Estado soberano, tenemos todo el derecho de replantearla. También tenemos el derecho y el deber de defender la dignidad de nuestros migrantes ante cualquier acción no amistosa y excesiva”.
