El gobierno de Honduras podría enfrentar un embrollo legal por la firma del contrato leonino con la empresa Securiport, pero todo depende de los acuerdos a los que se llegue este fin de semana.
De momento la compañía, con la que se firmó el contrato para instalar tecnología biométrica para dar seguridad en las 22 aduanas terrestres y aéreas del país, se pronunció ayer y dejó clara su postura sobre el tema y solo 'está a la espera de la comunicación oficial del gobierno de Honduras sobre la decisión final de nuestra contratación'.
El anuncio se hace en medio de la incertidumbre generada por el presidente Lobo Sosa, que ha dejado pasar más del tiempo necesario para sancionar o vetar el decreto 252-2011 que aprobó el Congreso Nacional (el 14 de diciembre), que ratifica la contratación de Securiport, razón por la que muchos han señalado que el contrato incluso ya estaría en vigencia.
Con base en ley, la empresa podría tener todos los argumentos para afirmar que el contrato ya es vigente y, por tanto, el gobierno ahora está obligado a respetar y cumplir cada una de sus cláusulas.
El presidente Lobo Sosa ordenó que se revisara el contrato, aunque fue el mismo Ejecutivo el que lo negoció y lo envió al Congreso para aprobación.
Después de la aprobación, el 14 de diciembre, el Ejecutivo tenía diez días para sancionarlo o vetarlo. Los diez días pasaron y no ocurrió ni lo uno ni lo otro, por lo que la sanción es automática en materia legal.
En un comunicado, Securiport dice que 'nosotros respetamos tanto las leyes de Honduras como las que rigen a nuestra empresa en Estados Unidos. Los servicios que proveemos son claramente detallados, al igual que las inversiones que ellos implican, en contratos transparentes'.
El contrato, negociado por el secretario del Interior, Áfrico Madrid, contempla el cobro de 34 dólares por tasa de seguridad migratoria (17 de entrada y 17 de salida) a todo viajero internacional (hondureño y extranjero) que ingrese o salga por los cuatro aeropuertos internacionales.
Seguridad jurídica
Securiport afirma que 'en base al programa de inversiones Honduras is Open for Business, realizado en mayo pasado, nuestra empresa decidió hacer inversiones en el país porque en dicho evento se garantizó, entre otras atractivas ventajas, la seguridad jurídica de los inversionistas'.
La compañía argumentó además que cumplió con todos los procedimientos legales del país previo a la suscripción del contrato.
Entre los documentos que sustentaron el contrato entre Securiport y el gobierno de Honduras enumeran: 'Ley de Contratación del Estado. -Artículo 63; acuerdo ejecutivo 29-2011... dictamen técnico favorable; oficio No. UPEG-131-2011 de la Secretaría de Finanzas, dictamen favorable; oficio No. DGIEPC.289.2011 de la Secretaría de Industria y Comercio, dictamen técnico favorable; oficio No. SDP-392-2011 de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial'.
Aunque la empresa Securiport no lo dice tan abiertamente en este comunicado, el mensaje es claro: una demanda legal podría estar a la vuelta de la esquina, sobre todo porque al parecer ya venció el plazo para que el presidente Lobo Sosa vetara el decreto.
El CN tenía un plazo de tres días, después de aprobar el decreto 252-2011, para remitirlo al presidente. Ese plazo venció el miércoles 19 de diciembre.
El presidente, desde la recepción del decreto, tiene diez días para vetarlo o sancionarlo, transcurrido ese tiempo se dará por sancionado, según manda el artículo 216 de la Constitución.
El plazo de diez días venció el 5 de enero pasado, excluyendo días feriados.
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A reunión con Securiport
Para este viernes se había anunciado una reunión entre el Poder Ejecutivo, representantes de Securiport, empresarios del rubro turístico y de aerolíneas para analizar una salida a esta difícil situación que enfrenta el gobierno de Lobo Sosa.
Se ha informado que el encuentro podría servir para renegociar el contrato, en especial la tasa de $34 por entrar y salir del país. Sin embargo, para Armando Funes, miembro de la Asociación de Aerolíneas de Honduras, el gobierno de Lobo Sosa debería analizar otras vías más económicas para aumentar la seguridad en los puntos aduaneros, dejando entrever que no se debería seguir con esa empresa.
'Esa (la seguridad aeroportuaria) es una obligación del Estado, ni el turista ni los hondureños deben cargar con ese costo', cuestiona Funes.
Aunque se ha pretendido engañar a la población, usando lenguaje confuso para hacerle creer que la tasa no implicará un golpe para los viajeros, la empresa Securiport es clara en su comunicado al afirmar que 'Securiport recupera su inversión... a través de una tasa que se incluye en el billete de los pasajeros aéreos internacionales que se procesan con los sistemas'.
El desenlace de este embrollo se podría conocer esta semana cuando ambas partes se reúnan para definir si el contrato se modifica o se anula.
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