TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Argumentando de que es para mejorar la baja ejecución presupuestaria, desde el Poder Ejecutivo a través de la Oficina Normativa de Contratación y adquisiciones del Estado (ONCAE) se eliminó -temporalmente- la figura del Comprador Público Certificado (CPC).
Esta maniobra inesperada del gobierno se ejecutó en los últimos días y dejó sin efecto tres incisos del artículo 4 de la Ley de Contrataciones de Estado.
La determinación permite que instituciones, alcaldías y secretarías compren directamente sin necesidad de “registros de contratos, (sin) informar a los órganos responsables de la contratación, (y sin) resolver sobre la declaración de dicha prohibición cuando se hubiere instruido un expediente a tal efecto”, como lo dice la ley.
“Dicha suspensión tendrá una vigencia a partir del 3 de noviembre al 31 de diciembre de 2023”, de acuerdo con la resolución de la ONCAE.
Explicaron que “los procesos de compra no requerirán del refrendo, firma y sello del CPC en los documentos establecidos en el artículo 44-C”.
¿Corrupción?
Desde sociedad civil y la oposición política miran esta medida como una invitación tácita del gobierno para que florezca la corrupción.
“Es lamentable que la ONCAE haya tomado esta decisión de mostrar a la presidenta de que hay una ejecución buena”, dijo Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Arguyó que por acciones como estas Honduras quedó fuera de la Cuenta del Milenio. “Muchos funcionarios van a cometer errores, pero también es una normativa que se presta para hacer actos ilícitos y actos de corrupción. Esta disposición no es congruente con el discurso que están dando de luchar contra la corrupción”, precisó Hernández.
Para el designado presidencial Salvador Nasralla, el gobierno debe eliminar esta medida, pero está claro que esta es una orden del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).
“Este gobierno está buscando formas de robar y esta es una. Esta es una orden de ‘Mel’”, externó Nasralla.
Para el exdiputado Aníbal Cálix, esta determinación son excusas del oficialismo y que a todas luces esta medida no es para que mejore la ejecución presupuestaria, pues en esto hay aroma de corrupción.
“Con esto pueden hacer contrataciones irregulares y nadie va a poder denunciarlo ni verificarlo”, declaró.
Aseguró que es “oferta para corruptos con tiempo limitado”. Anoche, la ONCAE justificó que el fin de la suspensión temporal del CPC no exime de responsabilidad a las gerencias administrativas de cada institución de asegurar el cumplimiento de todas las funciones enmarcadas en la ley, ya que la finalidad de la circular es agilizar las compras de las instituciones, en virtud del escaso número de CPC habilitados a la fecha, a pesar de los esfuerzos que ONCAE está haciendo para lograr un número mayor de CPC”. Descartó que “la circular en ningún momento habilita a las instituciones para realizar contrataciones directas, ya que como es de público conocimiento, esta atribución es únicamente atendiendo una declaratoria de emergencia tal como se establece en el artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado”.
