TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las personas que se dedican a realizar trámites en el Instituto de la Propiedad aseguran que no son “red de estafadores” ni mucho menos “traficantes”.
Cuatro miembros de la Asociación de Gestores y Tramitadores de Tegucigalpa, entre ellos Lizett Patricia Sánchez Córdova, César Álvarez, Berta Leticia Cisneros Ávila y Dorian Banegas llegaron a la Sala de Redacción de EL HERALDO para dar sus puntos de vista sobre el trabajo de investigación publicado en relación con lo que se vive en el IP al hacer cualquier trámite en dicha institución del Estado.
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“Estamos de acuerdo con el trabajo investigativo de EL HERALDO, pero lo que nosotros miramos es que se llevan de encuentro a terceras personas, porque uno de nuestros compañeros no hizo nada ilícito porque a él se le pagó por hacer un trámite, que es lo que nosotros hacemos”, dijo César Álvarez miembro de la asociación.
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El ministro de Trabajo, Carlos Madero, expresó que al cerrar el ingreso a los tramitadores en el Instituto de la Propiedad (IP) se manda un mensaje fuerte que la responsabilidad de las instituciones públicas es atender a la ciudadanía con calidad.
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“Nosotros existimos porque hay personas que no tienen tiempo. Usted sabe que en las oficinas públicas son bien engorrosos los trámites y si le falta un documento le ponen trabas. Usted hace una fila de 15 o 20 personas y cuando llega a la ventanilla solo porque le falta una copia le rechazan el trámite”, detalló Álvarez.
“Nosotros no es que entramos como ‘Pedro por su casa’ como dice en la publicación. Nosotros ya conocemos y si nos piden que le hagamos los trámites ya sabemos a lo que le voy a sacar copia, porque yo sé lo que necesito”.
Por su parte, Berta Cisneros manifestó: “Nosotros no somos red de estafadores ni traficantes, como escribieron, pues son palabras muy fuertes y por eso nos sentimos ofendidos porque nuestras familias miraron la noticia y creen que andamos metidos en cosas malas”.
“El IP la ha agarrado con nosotros los tramitadores. Estamos de acuerdo que pongan orden en sus empleados, pero no tienen que quitarnos la entrada a una oficina pública”,
concluyó Cisneros.
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