TEGUCIGALPA, HONDURAS
Los fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) analizan interponer un recurso de apelación en contra del sobreseimiento definitivo dictado a favor del diputado Tomás Zambrano.
El jefe de la Ufecic del Ministerio Público (MP), Luis Javier Santos, confirmó este extremo este jueves mientras realizaba unas diligencias en las oficinas de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Santos aseveró que el recurso sería interpuesto ante la Corte de Apelaciones designada dentro de los tres días hábiles que indica la ley.
Este período vence el 19 de julio, según indica un calendario de vacaciones del Poder Judicial.
A los fiscales de la Ufecic no les pareció la sentencia decretada a favor de Zambrano debido a que, a su juicio, él tuvo responsabilidad en el denominado caso Pacto de Impunidad.
Pero en su fallo, el juez aseguró que Zambrano no tuvo ninguna participación alguna en el caso.
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Defensa legal
Pero no solo los fiscales están descontentos con la resolución del togado, sino que el cuerpo de defensa también, porque ellos esperaban un sobreseimiento definitivo para los dos parlamentarios.
Es por ello que los apoderados legales del diputado Román Villeda Aguilar interpondrán un recurso de apelación, el cuál irá encaminado en contra del auto de formal procesamiento emitido en su contra.
Ritza Antúnez, abogada del parlamentario Villeda, anunció que el recurso de apelación será interpuesto el mismo día que la Corte retorne de vacaciones.
Villeda es acusado por los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno.
El parlamentario goza de medidas distintas a la prisión: no salir del país, firmar una vez por semana en la CSJ y estar bajo la vigilancia de sus abogados.
El requerimiento fiscal establece que Villeda y Zambrano adoptaron conductas anómalas presuntamente para favorecer a otros parlamentarios que estaban siendo requeridos por el Ministerio Público por el mal manejo de fondos públicos, así como los que podían ser investigados a futuro por similares hechos.
Todo sucedió mientras se discutía en el pleno de diputados la Ley General del Presupuesto de la República el 18 de enero.
Además, se les imputa enviar a publicar en el diario oficial La Gaceta un párrafo que no se había leído en su totalidad en la cámara legislativa.
Los parlamentarios indicaron que la eliminación de texto por medio de la fe de erratas es una función legislativa y por ello no hay nada ilegal.
Sin embargo, el Ministerio Público es del criterio que el requerimiento fiscal se interpuso por los hechos que generaron la publicación del artículo sin que fuera discutido y aprobado por los 128 diputados del Congreso y no por la fe de erratas.
