La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).señaló en un documento presentado a una corte de San Diego que 911 niños habían sido separados de sus familias desde que se emitió la orden.
Entre ellos había 678 cuyos padres enfrentaban acusaciones de conducta criminal.
Otras razones de la separación incluyen una supuesta afiliación con pandillas, inquietudes sobre aptitud o por la seguridad de los menores, una “relación familiar no verificada”, o enfermedad de los padres.
Aproximadamente uno de cada cinco niños que fueron separados tiene menos de 5 años, algunos de ellos incluso son bebés.
En junio de 2018, el juez federal de distrito Dana Sabraw ordenó que la práctica de separar familias en la frontera sur fuera suspendida con excepción de circunstancias específicas, como los antecedentes penales de los padres o inquietudes por la seguridad de un menor.
Le dijo al gobierno de Donald Trump que reuniera con sus familias a más de 2,700 niños que estaban en custodia del gobierno en aquel momento, algo que se ha logrado en gran parte.
La ACLU, que basó sus hallazgos en informes proporcionados por el gobierno, pidió al juez que ordenara al gobierno explicar su criterio para dividir familias.
Un padre fue separado por un robo de 5 dólares que resultó en una sentencia de seis días en la cárcel, dijo ACLU.
Seis padres fueron separados por condenas de posesión de marihuana, ocho más por delitos de fraude y falsificación.
Una hoja de cálculo del gobierno muestra que 44 separaciones se basaron en acusaciones de agresión.
En 11 casos, no hay indicio de que el padre fuera condenado y 34 no indican la severidad del delito, señaló la ACLU.
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