'La prórroga del estado de sitio (...) se decreta en virtud que persisten las circunstancias que originaron la emisión' de la medida de excepción hace un mes, señaló un nuevo decreto del gobierno del presidente Jimmy Morales, publicado en el oficial Diario de Centro América.
Según la publicación, en los 22 poblados se mantiene 'una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes'.
El 7 de septiembre, el Congreso aprobó el estado de sitio decretado por Morales, restringiendo garantías constitucionales como el derecho de manifestación y portación de armas, después de que presuntos narcotraficantes ejecutaran a tres soldados durante una emboscada en una aldea del poblado caribeño de El Estor.
Durante el estado de sitio, las autoridades guatemaltecas han localizado cuatro laboratorios para procesar cocaína y erradicado miles de plantas de hojas de coca. Además, el Ejército informó que 11 pistas de aterrizajes clandestinas fueron deshabilitadas con explosivos en siete municipios.
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Organizaciones sociales, campesinas e indígenas por su lado exigieron la semana pasada a Morales finalizar el estado de sitio al denunciar violaciones a derechos humanos, militarización de las comunidades, el posible desalojo de tierras y la protección a la actividad minera.
Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), cuestionó que pese a los hallazgos de droga el gobierno no hubiese detenido a un 'cabecilla' del narcotráfico.
El martes el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, denunció el acoso y censura de autoridades guatemaltecas a la radio comunitaria indígena Xyaab' Tzuultaq' en El Estor.
La emisora, crítica al gobierno y la minería, transmite en el idioma maya-q'eqchi', la lengua materna de muchos de los pobladores de las comunidades bajo el estado de excepción. Después del allanamiento se encuentra fuera del aire y solo transmite por internet.
El Ministerio del Interior justificó la acción al señalar se trató de un operativo por usurpación de frecuencias de radio.
