La Asamblea Legislativa decretó en marzo emergencia nacional para combatir la pandemia, introduciendo algunas restricciones en cuanto al tránsito y reuniones públicas. También estableció varias medidas, sin especificar las penalidades, para los que no cumplan con éstas.
Luego, el presidente Nayib Bukele decretó una cuarentena domiciliar obligatoria y ordenó que se detenga y envíe a centros de contención —para una cuarentena por 30 días— a las personas que violen la diposición.
Bachelet dice, que según los informes, las personas detenidas han sido enviadas a sedes policiales, centros de cuarentena e instalaciones improvisadas, y que han sido capturadas en condiciones a menudo sobrepobladas y poco higiénicas.
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Agregó que Bukele “ha ingnorado reiteredas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de abtenerse de implementar medidas para hacer cumplir la cuarentena domiciliar sin una ley debidamente aprobada por la Asamblea Legislativa.
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“El presidente ha indicado publicamente que no cumplirá con las sentencias judiciales, y en su lugar ha emitido decretos ejecutivos para hacer cumplir la cuarentena”, agregó en un comunicado de prensa.
Afirmó además que todas las restricciones adoptadas deben de estar dentro de lo que permite la Constitución y los estándares internacionales en Derechos Humanos y que “debe haber supervisión judicial y legislativa vinculante para el poder ejecutivo, y el ejecutivo debe acatarla”.
“Me preocupa que esto no ha sido así en el caso de El Salvador y que el gobierno está, por consiguiente, faltando a los principios fundamentales del estado de derecho”, agregó.
La Alta Comisionada llamó las autoridades a investigar “todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para luchar contra el COVID-19 y que pongan inmediatamente en libertad a todos los detenidos aribitrariamente luego de ser examinados médicamente”.
Según el Ministerio de Salud, 2,220 personas han sido enviadas a los Centros de Contención, donde permanecerán 30 dias “por violar la cuerentena”.
