Barr dijo que la dependencia desechará el caso para que Cienfuegos “pueda ser investigado y, de considerarse apropiado, encausado conforme a las leyes mexicanas”. Cienfuegos, quien fue imputado en un tribunal federal de Brooklyn, fue arrestado el mes pasado en Los Ángeles.
Cienfuegos estuvo al frente del Ejército mexicano durante seis años en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y fue el funcionario de mayor rango del gobierno pasado en ser arrestado desde que el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fue detenido en Texas en 2019.
Cienfuegos fue encausado por un jurado investigador en Nueva York en 2019 y acusado de participar en una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. Los fiscales aseguraron que ayudó al cártel del H-2 a contrabandear varios kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana mientras se desempeñaba como secretario de Defensa entre 2012 y 2018.
Según los fiscales, mensajes interceptados demostraban que Cienfuegos realizó gestiones para garantizar que el ejército no emprendiera acciones en contra de ese cártel y que se lanzaran operativos en contra de grupos delictivos rivales a cambio de sobornos. También fue acusado de presentar a los líderes del cártel con otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano.
En documentos presentados ante la corte el mes pasado, fiscales federales de Estados Unidos afirmaron que existía un elevado riesgo de que Cienfuegos se diera a la fuga y que posiblemente “utilizaría sus conexiones de alto nivel con miembros del cártel del H-2 en México, y con otros exfuncionarios de alto nivel del gobierno mexicano, para que lo ayudaran a eludir a las leyes de Estados Unidos y protegerlo en México”.
En caso de que hubiera sido condenado por los cargos que enfrentaba en Estados Unidos, enfrentaba una sentencia mínima de 10 años en una cárcel federal.
Bajo el mando de Cienfuegos, el Ejército mexicano fue acusado de frecuentes abusos a los derechos humanos, al igual que con su predecesor y con su sucesor en el cargo. El peor escándalo que enfrentó el ejército en la época de Cienfuegos giró en torno a la masacre de sospechosos en un granero a las afueras de la capital mexicana en junio de 2014.
En dicha masacre participaron soldados que asesinaron a 22 sospechosos en un granero ubicado en la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México. A pesar de que algunos de ellos murieron durante un intercambio de disparos con un convoy del ejército —en el que un soldado resultó herido—, las investigaciones de derechos humanos revelaron posteriormente que al menos 8 de los sospechosos, y posiblemente una docena, fueron ejecutados después de haberse rendido.
Barr dijo en un comunicado conjunto con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó la decisión de desechar el caso en Estados Unidos en reconocimiento “a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad”.
El Departamento de Justicia afirmó que entregó a las autoridades mexicanas toda la evidencia que recabó en el caso.
