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Giammattei le dijo a un periodista de la cadena CNN que le cuestionó al respecto: “Espérese a ver lo que va a salir del caso Odebrecht, porque Guatemala es uno de los países donde no se destapó. Ahora ¿por qué? Ya lo sabremos”.
Algunas organizaciones criticaron al mandatario y cuestionaron por qué tendría información del caso, pero ni la dirección de comunicación social de la presidencia ni la fiscalía resolvieron los cuestionamientos hasta el momento.
Velásquez dijo que la fiscal general Consuelo Porras —quién destituyó al exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, reconocido nacional e internacionalmente por su lucha anticorrupción, en julio pasado— sería parte de ese “montaje”, como venganza porque Sandoval reveló que había recibido información de que Giammattei supuestamente recibió sobornos de empresarios rusos que buscaban hacer negocio en las portuarias del país. El presidente ha negado esto.
El exjefe de CICIG, un órgano de Naciones Unidas que estuvo en el país durante 12 años y que junto a FECI desarticuló decenas de estructuras de crimen organizado agregó que “El uso malicioso del derecho penal contra sus opositores, es un elemento central de este gobierno”, por lo que pidió a la comunidad internacional frenar tales acciones.
Sandoval también denunció que el sábado policías habían llegado a la casa de sus padres, ambos de la tercera edad, buscándolo, lo que calificó como intimidación de parte de Porras. Públicamente se sabe que Sandoval se refugió en Estados Unidos días después de su destitución por temor de su seguridad y su vida.
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Tras la salida del fiscal, el Ministerio Público pidió a un juez una orden a aprehensión contra Sandoval en un caso que mantiene bajo reserva. Sandoval ha denunciado que su defensa no ha tenido acceso al expediente que tiene la fiscalía sobre su caso.
La semana pasada la fiscal general designó a Vilma Pérez Pineda como nueva fiscal del caso Odebrecht. El lunes la jueza del caso Erika Aifán ordenó investigar por qué Pérez Pineda en una audiencia en el juzgado mostró información personal sobre un testigo protegido del caso al defensor de Carlos Arturo Batres Gil, uno de los constructores acusados en el caso de supuestamente recibir sobornos.
El Departamento de Estado estadounidense en respuesta a la destitución de Sandoval y con información sobre obstrucción a las investigaciones designó en días pasados a la fiscal general Consuelo Porras y a su secretario general Ángel Pineda como actores no democráticos y obstructores de la lucha contra la corrupción y les retiró su visa de entrada a ese país. Es la primera vez que el país del norte hace esto con un funcionario de tan alto nivel.
