Tras la conmoción que provocó la muerte de un joven gay a manos de un grupo de supuestos neonazis, Chile promulgó el jueves una Ley Antidiscriminación, que sanciona los actos arbitrarios motivados por el sexo, raza o condición social, dando un paso adelante para sacudirse de su tradicional conservadurismo.
La iniciativa fue bautizada como 'Ley Zamudio', en honor a Daniel Zamudio, un homosexual de 24 años, que murió el 27 de marzo tras agonizar durante tres semanas luego de haber recibido golpes en la cabeza y el cuerpo, quemaduras con cigarrillos y marcas de símbolos y consignas nazis, a manos de un grupo que lo atacó por su condición sexual al encontrarlo durmiendo ebrio en una plaza.
Su muerte conmocionó a la sociedad chilena y logró agilizar la tramitación en el Congreso de esta iniciativa que dormía desde 2005 por la oposición de legisladores derechistas, que estimaban abriría la puerta al matrimonio homosexual, prohibido en la actual legislación.
'Gracias al sacrificio de Daniel, hoy día tenemos una nueva ley que estoy seguro nos va a permitir enfrentar, prevenir y sancionar las discriminaciones arbitrarias que tanto dolor generan', dijo el presidente chileno Sebastián Piñera, al firmar la nueva normativa en el palacio de gobierno.
A la ceremonia, asistieron representantes de las comunidades judías, árabes, indígenas, discapacitados y los padres de Daniel Zamudio, entre otros invitados.
'Estoy muy orgullosa de que haya salido la ley y que tenga su apellido. Mi hijo no se va olvidar nunca', dijo la madre de Daniel, Jacqueline Vera.
El nuevo cuerpo legal, que define el concepto de discriminación arbitraria como 'toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable', es considerada un paso delante de la sociedad chilena para sacudirse de su tradicional conservadurismo, sólo ocho años después que en el país se estableciera el divorcio.
Hasta 2004, Chile era uno de los últimos países occidentales que no establecía la disolución del vínculo matrimonial en su legislación, debido a la férrea oposición de la Iglesia católica, a la que se afirma adherir un 80% de la sociedad chilena.
En 1999, en tanto, se abolió una normativa que castigaba a los homosexuales ('la sodomía') con penas de cárcel.
'Este es un buen día. Chile es hoy un mejor país para vivir', señaló Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), que contabiliza 17 muertos y 800 agresiones a homosexuales desde 2002 a la fecha, motivados por la orientación sexual.
'Antes, temas como la discriminación sencillamente no aparecían en el debate público. Hoy sin embargo la sociedad chilena parece adquirir un estatus de modernidad. Todo ha sido muy rápido, después de muchos años de estancamiento', comentó a la AFP el periodista Oscar Contardo, autor del libro 'Raro', que narra la historia de la homosexualidad en Chile.
El autor atribuye esta transformación al declive de la influencia de la Iglesia católica tras sonados escándalos de pedofilia y a una nueva generación que se educó tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.
'La Iglesia católica ha pasado en poco tiempo a ser una de las instituciones más reconocidas a ser una de las más cuestionadas. Tiene que ver también con una nueva generación que creció en democracia y que tuvo acceso a más información', explicó Contardo.
El último escándalo en la Iglesia católica involucra al prestigioso sacerdote, Cristián Pretch, considerado un símbolo de la defensa de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
Con todo, en Chile el aborto no está permitido bajo ninguna circunstancia, al igual que el matrimonio homosexual, aunque hace dos años ingresó al Parlamento una iniciativa para regular las uniones de hecho.
La nueva Ley Antidiscriminación establece la posibilidad de establecer una acción judicial si una persona se siente discriminada, sea por raza, etnia, nacionalidad, discapacidad, condición social, religión u orientación sexual. Un juez debe sancionar en 90 días con multas que van entre los 400 y los 4.000 dólares.
Las sanciones para todo tipo de delitos también se agravan en caso de demostrarse que fueron motivadas por la discriminación y se le impone al Estado la obligación de elaborar políticas públicas contra la discriminación.
