Washington, Estados Unidos
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por la oposición republicana, decidió este jueves interceder en contra de las medidas migratorias del presidente Barack Obama, un paso inédito que complica un polémico litigio en la Corte Suprema.
Los legisladores republicanos autorizaron al presidente de ese cuerpo, Paul Ryan, a presentar un escrito ante el máximo tribunal del país declarando que la medida de Obama 'no es consistente' con la Constitución estadounidense.
La medida, aprobada con 234 votos a favor y 186 en contra, no tiene precedentes.
Legisladores ya habían presentado escritos ante la Corte en este caso, particularmente los demócratas, que piden desbloquear las medidas firmadas por Obama en 2014 para regularizar entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular.
Pero la resolución de la cámara baja del Congreso coloca oficialmente a ese cuerpo, como un todo, de un lado de la disputa: a favor de Texas y otros 25 estados que hace un año lograron exitosamente bloquear ante la justicia los decretos presidenciales.
'Es un paso muy extraordinario. De hecho nunca se había hecho antes', dijo recientemente Ryan, quien justificó la decisión acusando a Obama de ordenar una 'amnistía ejecutiva' que socava los poderes del Congreso para legislar.
La Casa Blanca ha insistido en que las medidas de regularización fueron una necesidad ante la incapacidad del Congreso de legislar sobre el asunto.
Un extensivo proyecto de reforma migratoria, que proponía una vía a la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados, fue sepultado por la Cámara de Representantes en 2013.
'Parece que los republicanos del Congreso gastan más tiempo y dinero público en demandas partidistas que en tratar de pasar las leyes necesarias para el país', dijo en un comunicado el presidente del caucus demócrata en la Cámara, Xavier Becerra.
La entrada del Congreso en el litigio podría ahondar la politización, a la espera en los próximos meses de una decisión de la Corte Suprema sobre los decretos presidenciales, con la inmigración ya convertida en un tema explosivo en la campaña a las elecciones presidenciales de noviembre.
La Corte discute el asunto, además, en medio de un difícil reacomodo interno: la súbita muerte del magistrado conservador Antonin Scalia dejó el ala conservadora sin su habitual ventaja 5-4 en el alto tribunal.
Para Lynn Tramonte, directora adjunta de la asociación de defensa de los inmigrantes America's Voice, Ryan dio a los republicanos 'otra oportunidad para pulir sus credenciales antiinmigrantes y mostrar que son realmente el partido de (Donald) Trump', el millonario que lidera las primarias republicanas con su propuesta de deportar a los 11 millones de indocumentados.
Específicamente, los decretos presidenciales permitirían a extranjeros cuyos hijos nacieron en Estados Unidos o que ya regularizaron su situación mediante un procedimiento abierto en 2008 tramitar su permanencia en el país y obtener un permiso temporario de trabajo.
En la práctica, su implementación literalmente 'blinda' a varios millones de personas del riesgo de la deportación y satisface una de las más apremiantes demandas de las entidades de defensa de los inmigrantes.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por la oposición republicana, decidió este jueves interceder en contra de las medidas migratorias del presidente Barack Obama, un paso inédito que complica un polémico litigio en la Corte Suprema.
Los legisladores republicanos autorizaron al presidente de ese cuerpo, Paul Ryan, a presentar un escrito ante el máximo tribunal del país declarando que la medida de Obama 'no es consistente' con la Constitución estadounidense.
La medida, aprobada con 234 votos a favor y 186 en contra, no tiene precedentes.
Legisladores ya habían presentado escritos ante la Corte en este caso, particularmente los demócratas, que piden desbloquear las medidas firmadas por Obama en 2014 para regularizar entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular.
Pero la resolución de la cámara baja del Congreso coloca oficialmente a ese cuerpo, como un todo, de un lado de la disputa: a favor de Texas y otros 25 estados que hace un año lograron exitosamente bloquear ante la justicia los decretos presidenciales.
'Es un paso muy extraordinario. De hecho nunca se había hecho antes', dijo recientemente Ryan, quien justificó la decisión acusando a Obama de ordenar una 'amnistía ejecutiva' que socava los poderes del Congreso para legislar.
La Casa Blanca ha insistido en que las medidas de regularización fueron una necesidad ante la incapacidad del Congreso de legislar sobre el asunto.
Un extensivo proyecto de reforma migratoria, que proponía una vía a la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados, fue sepultado por la Cámara de Representantes en 2013.
'Parece que los republicanos del Congreso gastan más tiempo y dinero público en demandas partidistas que en tratar de pasar las leyes necesarias para el país', dijo en un comunicado el presidente del caucus demócrata en la Cámara, Xavier Becerra.
La entrada del Congreso en el litigio podría ahondar la politización, a la espera en los próximos meses de una decisión de la Corte Suprema sobre los decretos presidenciales, con la inmigración ya convertida en un tema explosivo en la campaña a las elecciones presidenciales de noviembre.
La Corte discute el asunto, además, en medio de un difícil reacomodo interno: la súbita muerte del magistrado conservador Antonin Scalia dejó el ala conservadora sin su habitual ventaja 5-4 en el alto tribunal.
Para Lynn Tramonte, directora adjunta de la asociación de defensa de los inmigrantes America's Voice, Ryan dio a los republicanos 'otra oportunidad para pulir sus credenciales antiinmigrantes y mostrar que son realmente el partido de (Donald) Trump', el millonario que lidera las primarias republicanas con su propuesta de deportar a los 11 millones de indocumentados.
Específicamente, los decretos presidenciales permitirían a extranjeros cuyos hijos nacieron en Estados Unidos o que ya regularizaron su situación mediante un procedimiento abierto en 2008 tramitar su permanencia en el país y obtener un permiso temporario de trabajo.
En la práctica, su implementación literalmente 'blinda' a varios millones de personas del riesgo de la deportación y satisface una de las más apremiantes demandas de las entidades de defensa de los inmigrantes.
