CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (2012-2015) fue declarado culpable este miércoles, por dos de los tres delitos por los que se le acusaba.
Durante una audiencia realizada en la capital guatemalteca, un tribunal, presidido por la jueza Irma Jeannette Valdés, absolvió a Pérez Molina y a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, por enriquecimiento ilícito, pero declarados culpables por asociación ilícita y defraudación aduanera.
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La dupla presidencial era investigada en un caso de corrupción denominado “La Línea”, el cual consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas.
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El emblemático caso fue revelado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) e involucró a otras 29 personas más.
Algunas de esas personas también ejercieron altos cargos dentro de la administración de Guatemala y varios fueron absueltos por algunos delitos por falta de sustento en las acusaciones en su contra.
Desde hace siete años, Pérez Molina y Baldetti están en prisión preventiva por el caso, luego de ser señalados por presuntamente recibir comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de más de 70 contratos en diversos entes del Estado.
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Otto Pérez reaccionó tras el veredicto y aseguró que: “Yo verdaderamente me siento frustrado, decepcionado, porque primero tomaron la decisión de ponerme asociación ilícita y el otro delito de defraudación aduanera como cómplice, que fue lo que encontraron, porque no había otra forma, pero lo que me tiene frustrado es que lo hacen sin pruebas, no tienen pruebas para hacerlo. Se están basando en llamadas de terceras personas”
“Qué objeto tiene, que yo me asocie, qué sentido, que yo defraude al Estado, si además no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito, entonces el dinero dónde está, para qué me iba a asociar yo y para qué iba a defraudar al Estado si no tienen ninguna prueba de que yo haya recibido un centavo”, agregó.
Según las leyes chapinas el exmandatario podría recibir más de 20 años de prisión.
