SAN SALVADOR, EL SALVADOR. -Un juzgado salvadoreño emitió una nueva orden de detención contra el expresidente
Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, por presuntos delitos de corrupción, acumulando con ello cuatro ordenes de detención en su contra, informó este martes un portavoz judicial.
La nueva orden de detención también abarca a la actual pareja d e Funes, Ada Michell Guzmán, dijo en rueda de prensa el portavoz de los tribunales de San Salvador, Ulises Marinero.
La orden de detención contra Funes, girada con base en la acusación de la Fiscalía, es por presuntos delitos de lavado de dinero, instigador en el delito de peculado y agrupaciones ilícitas, detalló el portavoz.
Según la fiscalía, Funes y miembros de su gobierno recibieron 'dádivas' por al menos 3,5 millones de dólares luego de negociar en 2012 la anulación de un contrato con una empresa que construía la planta hidroeléctrica El Chaparral, en el este del país.
Según el Ministerio Público, para anular el contrato con la empresa italiana Astaldi, el gobierno de Funes (2009-2014) pagó más 108 millones de dólares, y la compañía dejó inconclusa la construcción de la obra.
Adicionalmente, la estatal Compañía Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que administra las plantas hidroeléctricas salvadoreñas, habría pagado otros 45,2 millones de dólares a Astaldi 'sin existir base legal ni técnica' para hacerlo, de acuerdo a la acusación de la Fiscalía.
Sobre Funes pesan otras tres ordenes de detención: una girada el 27 de junio por el supuesto desvío de 351 millones de dólares durante su gestión, y una de noviembre pasado por otros delitos de corrupción.
Una tercera orden contra Funes, de 58 años, fue emitida el 18 de enero por el delito de revelación de hechos, actuaciones y documentos secretos en perjuicio de la administración pública.
La nueva orden de detención también abarca a la actual pareja d e Funes, Ada Michell Guzmán, dijo en rueda de prensa el portavoz de los tribunales de San Salvador, Ulises Marinero.
La orden de detención contra Funes, girada con base en la acusación de la Fiscalía, es por presuntos delitos de lavado de dinero, instigador en el delito de peculado y agrupaciones ilícitas, detalló el portavoz.
Según la fiscalía, Funes y miembros de su gobierno recibieron 'dádivas' por al menos 3,5 millones de dólares luego de negociar en 2012 la anulación de un contrato con una empresa que construía la planta hidroeléctrica El Chaparral, en el este del país.
Según el Ministerio Público, para anular el contrato con la empresa italiana Astaldi, el gobierno de Funes (2009-2014) pagó más 108 millones de dólares, y la compañía dejó inconclusa la construcción de la obra.
Adicionalmente, la estatal Compañía Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que administra las plantas hidroeléctricas salvadoreñas, habría pagado otros 45,2 millones de dólares a Astaldi 'sin existir base legal ni técnica' para hacerlo, de acuerdo a la acusación de la Fiscalía.
Sobre Funes pesan otras tres ordenes de detención: una girada el 27 de junio por el supuesto desvío de 351 millones de dólares durante su gestión, y una de noviembre pasado por otros delitos de corrupción.
Una tercera orden contra Funes, de 58 años, fue emitida el 18 de enero por el delito de revelación de hechos, actuaciones y documentos secretos en perjuicio de la administración pública.
