LIMA, PERÚ.- El expresidente del Perú, Pedro Castillo, permanecerá en prisión por 18 meses, tras ser detenido para ser investigado por rebelión por tratar de dar un golpe de Estado y cerrar el Congreso, resolvió el jueves la Corte Suprema.
La decisión de un juez supremo, que declaró fundado un pedido de la fiscalía, se sustenta en que existe “peligro de fuga” del imputado, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe del 7 de diciembre. La medida se extiende hasta junio de 2024.
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Castillo, recluido en una prisión policial al este de Lima desde esa fecha, permanecerá en la cárcel al menos hasta junio de 2024.
“Ya sabíamos lo que se venía (...) No hemos estado en la audiencia porque no íbamos a ser parte de este carnaval”, dijo a la prensa Ronald Atencio, abogado de Castillo. La defensa dijo que apelará.
El exgobernante es acusado de los delitos de rebelión y conspiración, por tratar de dar un golpe de estado, cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto.
No encontró respaldo institucional y su gabinete renunció en rechazo al fallido intento de quebrar el orden democrático.
El expresidente fue detenido en “flagrancia” cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo.
Desde la cárcel, Castillo ha asegurado que no renunciará. Contra él también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.
Fallecidos y enfrentamientos
Las movilizaciones populares se mantienen; especialmente en el interior del país.
La Defensoría del Pueblo dijo que dos personas fallecieron tras un violento enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas del orden en el aeropuerto de Ayacucho (sur), subiendo a una decena las muertes desde que estallaron las protestas.
El estado de emergencia permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna. “Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero”, dijo la Defensoría.
Los manifestantes piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
La entidad también reportó 340 heridos y, según la Policía, casi la mitad son de su institución.
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Las protestas más fuertes, con miles de personas en todo el país, ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).
Más de un centenar de rutas están bloqueadas, complicando transporte y abastecimiento. El tren a la turística de Machu Picchu está suspendido y hay centenares de turistas varados.
Cerca de 2,000 camiones de carga bolivianos están varados en el sur de Perú, en la frontera con Bolivia.
En Lima, decenas de manifestantes aún acampan alrededor de una prisión policial donde se encuentra detenido Castillo, un maestro rural de izquierda, de origen humilde, pidiendo su libertad.
“Estoy en total desacuerdo con la justicia peruana, porque todo está comprado”, dijo Rolando Arana, un manifestante de 38 años que llegó hasta el lugar desde Huancavelica (sur).
“El pueblo quiere que se vayan todos, Dina Boluarte y los congresistas, queremos una restauración para el Perú. Vamos a luchar hasta el último, el profe Castillo no hecho nada malo”, agregó.
Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman “terroristas”.
“Desde día uno que (Castillo) asumió la presidencia y es más, en la campaña (presidencial), nosotros ya éramos terroristas, éramos ‘terrucos’. No lo dejaron gobernar, éramos ladrones, éramos corruptos”, recordó Vilma Vásquez, sobrina del expresidente, en las afueras de la prisión.
